La falta de condiciones de gobernabilidad en el Cereso de Tula que ha derivado en riñas y fugas, como la registrada el pasado martes y que representa la primera de la actual administración estatal, no eran del desconocimiento de las autoridades, debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha alertado por años sobre la situación en este penal.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 -el más reciente del organismo-, el centro de reclusión presentaba insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, hacinamiento, sobrepoblación e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
Durante la supervisión que realizó la CNDH, el Centro de Reinserción de Tula obtuvo una calificación de 5.45, colocándolo en la categoría más baja del reporte y con señalamientos negativos en 24 rubros relacionados con la integridad de las personas privadas de la libertad, servicios de salud, derechos humanos, alimentación, higiene, prevención de adicciones y atención a grupos vulnerables, entre otros.
A inicios de este mes la institución, a través de un ‘pronunciamiento penitenciario’, solicitó la adopción de acciones urgentes que garanticen la operatividad, seguridad y gobernabilidad en centros penitenciarios del país, a fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sus visitas y del personal que labora en los mismos.
El llamado surge ante la preocupación del organismo por los acontecimientos que se han suscitado en los últimos años en centros penitenciarios del país, como fugas, riñas y motines, y que han colocado en riesgo la integridad personal y la vida de las personas privadas de la libertad y del personal que labora en estos, pues, lejos de disminuir han ido en aumento.
De esta forma, la CNDH pide a las diversas autoridades que, entre otras acciones, elaboren junto con un equipo multidisciplinario, un diagnóstico de detección e identificación de riesgos detallado en cada centro penitenciario, a fin de establecer un plan estratégico de acciones urgentes y graduales para el restablecimiento del orden, seguridad y operatividad en cada entidad.
