Después de permanecer cerrados durante tres meses a consecuencia de un incendio registrado el pasado 25 de julio, comerciantes semifijos dedicados a la venta de alimentos frente a Plaza del Valle, en Pachuca, reanudaron actividades este lunes 26 de octubre, pese a que el ayuntamiento mantiene restricciones para operar en el lugar.
Los vendedores decidieron regresar a sus puestos al señalar que, durante el tiempo que permanecieron sin trabajar, no recibieron una notificación oficial por escrito que justificara la suspensión de sus actividades.
Cuatro de los comerciantes explicaron que tampoco se les informó sobre un espacio específico donde pudieran reubicarse, por lo que optaron por volver a instalarse en el sitio que ocupaban antes del incidente.
A través de su abogada, Tahití Silvia Mayorga González, los vendedores señalaron que buscarán promover un amparo, al considerar que la suspensión de sus actividades se realizó únicamente mediante indicaciones verbales.
La representante legal sostuvo que los comerciantes no recibieron un documento formal que estableciera los motivos de la suspensión ni un dictamen de Protección Civil que justificara la medida.
De acuerdo con los vendedores, esta situación les ha impedido conocer los fundamentos administrativos de la restricción y las condiciones que tendrían que cumplir para retomar sus actividades.
Ayuntamiento insiste en reubicación de comerciantes
Tras la reapertura de los puestos, personal de la Dirección de Mercados, Comercio y Abasto del Ayuntamiento de Pachuca acudió al lugar, encabezado por su titular, Joaquín Valdez Sandoval.
Las autoridades municipales se presentaron para entregar documentación a los comerciantes y reiterarles que deben suspender sus actividades en ese punto, además de buscar una reubicación.
En entrevista, Valdez Sandoval explicó que el Ayuntamiento había dado oportunidad a los vendedores para identificar un lugar donde pudieran establecer nuevamente sus negocios.
Sin embargo, señaló que los comerciantes no concretaron una propuesta de reubicación durante los meses que permanecieron cerrados.
La autoridad municipal mantiene su postura de que los puestos no deben operar en ese espacio, luego del incendio ocurrido en julio, mientras que los vendedores cuestionan la manera en que se les comunicó la suspensión.
Cierre afecta a unas 60 familias, aseguran
Los comerciantes señalaron que la suspensión de actividades durante tres meses ha tenido consecuencias económicas para quienes dependen de estos negocios.
De acuerdo con sus estimaciones, al menos 60 familias resultaron afectadas de manera directa e indirecta, debido a la pérdida de ingresos relacionados con la venta de alimentos.
Por ello, insistieron en la necesidad de encontrar una solución que les permita recuperar su fuente de trabajo y contar con certeza jurídica sobre las condiciones para operar.
