La comunidad indígena otomí hñähñu de N’Zesni-San Nicolás, perteneciente a la Sierra Otomí de Hidalgo y Puebla, intentó frenar mediante un juicio de amparo el concurso “Impulso Indígena”, cuya etapa final concluyó el 15 de junio con la publicación de los ganadores.
De acuerdo con información del concurso, el primer lugar correspondió a una propuesta colectiva de playera registrada por Liliana Amayrani Barranco Olivera, en colaboración con Karem Daniela Estrada Marcelo, María del Carmen Márquez López, Claudia García Santos, Miriam Herrera Sánchez, Juanita Morales Gómez y Martha García Huerta.
Acusaron falta de consulta previa
Cuatro días antes de darse a conocer los resultados, integrantes de la comunidad de San Nicolás promovieron un amparo en contra del Comisionado Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, Prisco Manuel Gutiérrez, y otras autoridades, por la emisión, publicación y ejecución de la convocatoria.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el recurso se analiza bajo el expediente 1194/2026, en el que la comunidad argumenta que la convocatoria fue emitida sin realizar previamente una consulta a la población indígena involucrada.
Como parte del trámite, el asunto fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Hidalgo, donde se abrió el incidente de suspensión. Con este mecanismo, la parte quejosa buscaba detener temporalmente los efectos de la convocatoria mientras se resuelve el fondo del amparo.
Jueza negó suspensión provisional
La comunidad solicitó suspender todas las etapas del concurso, entre ellas la recepción de propuestas, evaluación y selección de diseños, emisión de resultados, elaboración de playeras y cualquier actividad relacionada con el uso o difusión de los trabajos participantes.
Sin embargo, la jueza Daniela María León Linarte negó la suspensión provisional solicitada, al considerar que detener por completo el programa afectaría a otros participantes y al interés colectivo relacionado con la continuidad del certamen.
Dentro del mismo expediente, el juzgado requirió a las autoridades señaladas como responsables rendir informes sobre los actos reclamados y fijó para el 24 de junio de 2026 una audiencia incidental para revisar nuevamente el tema de la suspensión.
