Mediante una iniciativa con proyecto de decreto presentada en el Congreso local, los diputados Miguel Ángel Peña Flores y Areli Rubí Miranda Ayala pretenden que en Hidalgo sea prohibida la práctica del outsourcing en las dependencias de gobierno, salvo cuando se traten de servicios especializados pero bajo ciertos criterios.
En su exposición de motivos durante la 184 sesión ordinaria, la asambleísta independiente afín al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) externó que buscan proteger los derechos de los trabajadores ante esa modalidad, de la cual, dijo, no todas las empresas son abusivas pero sí la mayoría.
La operación del esquema consiste en que una persona física o moral le encarga a otra la prestación de servicios o la ejecución de obras por medio de un contrato, sin embargo, apuntó que en ocasiones generan simulaciones como salarios precarios, antigüedad, estabilidad, reparto de utilidades, seguridad social, créditos, entre otras; “pese a que hay una ley que intentó normar la problemática”.
Además, agregó que es usado como una estrategia legal para que no prosperen las demandas laborales o muy pocas lleguen a los centros de conciliación, y en menor número aun a tribunales federales, pues simplemente al inconforme lo regresa a la firma en la que aparece registrado y de inmediato es colocado en un estado de incertidumbre.
En ese sentido, recordó que el 23 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones a las leyes federales, incluida la de los Trabajadores al Servicio del Estado, donde fue vedada la subcontratación en beneficio de dependencias y entidades; aunque ello no limita que dichas empresas sigan operando, pero que no podrán ser consideradas como patrones.
Por lo que la diputada externó que con dicha iniciativa, que adicionará el artículo seis bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados de la entidad, busca empoderar a los empleados al eliminar toda práctica que lesione sus derechos al prohibir la subcontratación en dependencias e instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados y de los ayuntamientos.
El proyecto fue turnado a la primera comisión permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, donde será analizada y de no tener observaciones canalizada para su aprobación en próxima asamblea del Congreso local.
