Tras darse a conocer la inhabilitación de los servidores públicos durante el gobierno de Omar Fayad —Jessica Blancas Hidalgo, exsecretaria de Finanzas; César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, exdirector general de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud—, la Secretaría de Contraloría informó que el tiempo de duración de la sanción aún no se fija, pero no será menor a la sentencia que determine el juzgado federal.
Lo anterior se debe a que el plazo está condicionado a la resolución del juicio federal de concurso mercantil que se sigue contra Banco Accendo, procedimiento que definirá si se recuperan los recursos públicos y si existen responsabilidades adicionales.
En ese sentido, la autoridad administrativa estatal está legalmente obligada a respetar el debido proceso y la competencia federal, por lo que no puede imponer sanciones definitivas ni cuantificar montos de daño antes de que concluya dicho juicio.
La sanción dictada no sustituye ni cancela las acciones que se ventilan en otras instancias, sino que constituye una medida legal preventiva para proteger el interés público, evitar la reincorporación de personas señaladas a funciones públicas o contrataciones gubernamentales, y garantizar que cualquier sanción posterior se emita con pleno sustento jurídico.
La Contraloría aclaró que no dicta sentencias penales ni mercantiles, ya que su función es estrictamente administrativa, y que su actuación se mantiene dentro del marco legal, sin invadir la esfera judicial federal.
Cabe recordar que los recursos depositados en Banco Accendo corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de origen federal. En caso de malversación, uso indebido o falta de ejecución, los recursos deberán reintegrarse a la federación, lo que podría derivar en responsabilidades legales adicionales.
Hasta el momento, la autoridad federal continúa a la espera de la resolución definitiva del juzgado. Por su parte, la Contraloría de Hidalgo dará seguimiento al caso hasta su conclusión, conforme a derecho, para que las responsabilidades queden plenamente determinadas.
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