Cuando hace algunos meses comenzó a hablarse de la sucesión de 2028, una parte importante del escenario político parecía ya definido por el género, ya que la Constitución de Hidalgo obliga a los partidos a alternar sus candidaturas a la gubernatura y esa regla será aplicable por primera vez en la próxima elección.
Sin embargo, la Suprema Corte acaba de meter una variable al resolver asuntos de Durango y San Luis Potosí, donde invalidó reglas que imponían la alternancia obligatoria de género para futuras candidaturas a gubernaturas y sostuvo que la paridad no necesariamente debe alcanzarse mediante ese mecanismo automático. La sentencia no elimina la disposición hidalguense, que sigue plenamente vigente, pero sería ingenuo pensar que el criterio no tendrá peso si alguien eventualmente decide combatirla.
Eso cambia un poco la conversación alrededor de personajes como José Antonio Rojo, porque una de las restricciones que hacían más estrecha la ruta para los aspirantes hombres ya tiene enfrente un criterio constitucional relevante. El artículo 62 local continúa ordenando alternar el género respecto de la elección anterior y, mientras nadie lo modifique o un tribunal determine otra cosa, esa es la regla, pero políticamente el 2028 dejó de tener algunas puertas tan cerradas como hace apenas unos meses.
Justamente ahora Rojo vuelve a hablar de su proyecto y propone construir un frente amplio de fuerzas opositoras para competir por la gubernatura, dejando la vía independiente como plan b si ese acuerdo no se consigue, además de reiterar sus diferencias con la actual dirigencia nacional del PRI, asegurando que mantiene conversaciones con diversos actores políticos. La idea de juntar a quienes no están con Morena suena sencilla y hasta romántica cuando se pronuncia, pero el asunto serio sería decidir quién pone al candidato y qué gana cada participante, eso sin recordar que la mayoría de los partidos, en ese tipo de decisiones, no se mandan solos.
Ese es el verdadero problema de la oposición, lo político, porque PAN, Movimiento Ciudadano y las demás fuerzas juegan con intereses y compromisos propios, además de tener que superar primero la dura elección de 2027. Así que materializar la idea de un frente opositor para la gubernatura es algo mucho más complejo que sólo tener un adversario común.
Por eso, la resolución de la Corte quizá pueda tener algunas repercusiones en lo jurídico pero no en lo político. De aquí a 2028 pueden cambiar muchas cosas y por eso mismo el verdadero reto de Rojo y otros actores de la oposición será conseguir lo que hoy se ve muy complejo, lograr que tantas ideologías tan diversas se puedan poner de acuerdo en torno a un proyecto en común que le compita a una maquinaria como la de la 4T.
