El exencargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, informó que existen dos carpetas en integración sobre la investigación por presunto peculado de 132 millones de pesos que pasaron de las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a empresas ligadas a la familia Sosa Castelán.
Dichos recursos están relacionados con el desvío millonario que, desde el 2014 al 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó sobre el desvío de recursos en el que están implicados Gerardo Sosa Castelán, quien se encuentra en proceso penal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero por la cantidad de 58 millones 245 mil 948 pesos, y su hermano Damián, a quien se menciona en la carpeta 263/2020 de la Fiscalía General de la República (FGR).
"Las carpetas están en integración y tienen que ver con las dos vistas que dio la UIF y que desaparecieron en la PGJEH, por ese motivo se presentó una nueva denuncia contra quien resulte responsable por haber perdido las carpetas de investigación. Estamos hablando de 132 millones de pesos, los montos que fueron desviados de la UAEH hacia las empresas de la familia Sosa Castelán”, aseguró Nieto Castillo.
El ahora precandidato al Senado por Querétaro confirmó que estas empresas son las que se han dado a conocer en el proceso penal federal que se sigue contra Gerardo Sosa, pero también hay informes adicionales, en los que también se trabajó en la FGR y que él atendió cuando estuvo al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
"Me tocó integrar carpetas de investigación sobre el uso electoral de recursos de la Universidad. En la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegamos al caso por el aviso del sistema financiero de un movimiento de 151 millones de dólares en una sola transferencia de Suiza a Estados Unidos y luego a México, lo que detonó este proceso”, agregó.
Las empresas a las que supuestamente fue a parar el dinero corresponden a los rubros de construcción, consultoría, contabilidad, entre otros, todas presuntamente relacionadas con los hermanos Gerardo y Damián Sosa Castelán, quienes desde hace más de cuarenta años ejercen un control político sobre la máxima casa de estudios.
"Finalmente, me tocó darles seguimiento a estas carpetas de investigación respecto a los actos de corrupción y también a las lesiones y daños que derivaron del enfrentamiento (en Abasolo), tras el paro del Instituto de Artes (IDA). Para nosotros era importante que se cumplimentaran todas las órdenes de aprehensión, así como la reparación del daño a las víctimas: los estudiantes y sus familiares”, señaló.
