El secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, respaldó la reforma constitucional que elimina autorizaciones duplicadas para determinadas contrataciones municipales y advirtió que los recursos públicos no deben quedar sujetos a disputas políticas, intereses personales o desacuerdos entre integrantes de los cabildos.
El funcionario señaló que, cuando un presupuesto ya fue aprobado y se cumplen los requisitos legales para contratar, solicitar nuevamente la autorización del Cabildo puede retrasar la ejecución de obras y acciones que previamente fueron avaladas por el propio Ayuntamiento.
La discusión sobre esta modificación cobró fuerza el pasado 15 de octubre, cuando el Cabildo de Pachuca aprobó, con 14 votos a favor y cinco en contra, la minuta de reforma al artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en medio de cuestionamientos sobre sus posibles efectos en los contrapesos municipales.
Advierte sobre presiones políticas para autorizar contratos
Bardales Ramírez sostuvo que la revisión del gasto público es una obligación de las autoridades; sin embargo, advirtió que condicionar autorizaciones para obtener plazas, contratos o beneficios personales podría constituir una irregularidad que debe investigarse cuando existan elementos que la acrediten.
De acuerdo con el secretario, la Contraloría recibe constantemente quejas de presidentes municipales, contralores internos y tesoreros sobre autorizaciones detenidas que impiden ejercer los presupuestos, lo que puede traducirse en obras sin iniciar, servicios retrasados y necesidades comunitarias que permanecen sin atención.
En ese sentido, planteó que la aprobación de un presupuesto también implica la responsabilidad de garantizar su ejecución, por lo que consideró necesario evitar que los recursos autorizados permanezcan sin ejercerse debido a desacuerdos administrativos o políticos.
Reforma no elimina obligaciones de transparencia
Ante los señalamientos de que la modificación constitucional podría debilitar los mecanismos de vigilancia, Bardales explicó que las contrataciones públicas deben cumplir con los procedimientos establecidos para obras y adquisiciones, contar con suficiencia presupuestaria, integrar expedientes, comprobar pagos y someterse a fiscalización, además de la intervención de los órganos internos de control y los comités de Contraloría Social.
El funcionario reconoció la importancia de preservar los contrapesos municipales, pero sostuvo que estos deben funcionar sin convertirse en instrumentos de presión o negociación de beneficios particulares, pues su finalidad es garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y la atención de las necesidades ciudadanas.
También advirtió que la eliminación de autorizaciones duplicadas no representa una justificación para que los presidentes municipales realicen contrataciones arbitrarias, favorezcan a determinados proveedores o permitan obras deficientes, ya que quienes ejercen el presupuesto deben acreditar sus decisiones y responder ante posibles irregularidades.
Retrasos podrían provocar devolución de recursos federales
Bardales Ramírez recordó que existen recursos federales sujetos a plazos específicos de ejecución, cuyo incumplimiento puede generar la obligación de reintegrarlos, por lo que los conflictos entre autoridades municipales podrían afectar proyectos de agua potable, drenaje, pavimentación y otros servicios.
Asimismo, consideró necesario analizar qué contrataciones se encuentran detenidas, durante cuánto tiempo y bajo qué argumentos, así como las consecuencias de esos retrasos. Aclaró que votar en contra de la reforma no constituye, por sí mismo, una irregularidad, mientras que cualquier condicionamiento indebido debe documentarse e investigarse.
