El séquito de abogados del excontralor César Román de la administración del entonces gobernador, Omar Fayad Meneses, mis únicos y queridos lectores, ha interpuesto un tercer amparo ante los tribunales de Hidalgo, y el dilema de esta reformulación legal abre, nuevamente, las suspicacias públicas. Lo mismo que sucedió con algunos exalcaldes, que quedaron en libertad después de la “reparación del daño”, y esto perfila que César Román pueda evadir la acción de la justicia.
En este dilema de malversación pública de la Estafa Siniestra, el cesarismo de los personeros de la administración del exgobernador Omar Fayad, precisamente, recuerda al poder del Imperio Romano, donde el César hacía su voluntad mientras al pueblo le daban pan y circo.
El amparo del César Román se ha vuelto una tragicomedia al más puro estilo del circo romano y devela el tortuoso camino de la justicia en México que, frente a la reforma al Poder Judicial, deberá extinguir las sombras del poder del antiguo régimen que aún persisten, porque existen a nivel de la Constitución una serie de candados jurídicos que deben abrirse o extinguirse.
Por si fuera poco, la deportación del César Román de Estados Unidos no se ha realizado y esto pone en vilo la pesquisa legal, condición que debe despejar cualquier duda y poner a prueba a los tribunales en Hidalgo y su pericia para llegar, como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, “caiga quien caiga, hasta sus últimas consecuencias”.
En el tenor de la reforma al Poder Judicial y su renovación, la administración del gobernador Julio Menchaca se encuentra estableciendo un nuevo vínculo con el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, donde su trazo permita fortalecer la estructura judicial de Hidalgo y abrir un nuevo capítulo histórico-social en un aparato de Estado que deberá aplicar la ley y no volver a ser el instrumento de una clase política.
El entretelón del IEEH en torno a la impugnación de la aprobación de la reforma al Poder Judicial del Congreso y el Poder Ejecutivo de Hidalgo, entreteje la suspicacia de que la nueva estructura de la SCJN tendrá que perfilar instrumentos para empoderar al Poder Judicial y consolidar la soberanía judicial del pueblo.
En esta atmósfera, el amparo de César Román no debe constituir un subterfugio legal que se ubique como el camino hacia la evasión de la ley; de lo contrario, enviará un mensaje contradictorio sobre la reestructuración del sistema judicial en Hidalgo. La liberación de exalcaldes de Hidalgo en torno a las pesquisas de la Estafa Siniestra evidencia condiciones laxas en la aplicación de la ley, lo que implica que deberá existir una reingeniería de la estructura legal en la nación.
La Estafa Siniestra es un laberinto intrincado de redes de malversación pública y, hasta ahora, no ha quedado esclarecido qué motivos primaron en su elaboración; no se trata sólo de una cuestión de corrupción, sino, también, de un manejo político que no ha sido develado. Empero, el cuestionamiento de fondo persiste, ¿cómo se articuló, quiénes intervinieron desde los mandos superiores de gobierno y cuál es la cantidad y el destino del dinero malversado?
El amparo de César Román, que se mantiene en esta estela de cesarismo político que primó en el gobierno de Omar Fayad, denota una maraña intrincada de una red de corrupción que debe seguir en las pesquisas del gobierno de Julio Menchaca, para cumplir y desahogar la soberanía judicial del pueblo y hacer justicia en Hidalgo.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
