La consulta ciudadana realizada en Hidalgo sobre el Parque de Economía Circular se ha convertido en algo más que un ejercicio de participación democrática. Es hoy el reflejo de una falla estructural en la manera en que los gobiernos comunican, socializan y legitiman los proyectos de gran impacto social y ambiental. Con el “NO” encabezando las preferencias, el escenario es claro: una inversión estimada en mil 600 millones de pesos pende de un hilo, no tanto por la inviabilidad técnica del proyecto, sino por la incapacidad política y comunicativa de quienes lo impulsan.
El Parque de Economía Circular fue presentado como una apuesta moderna: reciclaje, aprovechamiento de residuos, generación de energía y un supuesto beneficio ambiental para una región históricamente golpeada por la contaminación, como lo es la zona de Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia. Sin embargo, desde su anuncio, el proyecto avanzó más rápido en el discurso institucional que en la conversación con la ciudadanía. El resultado era previsible: desconfianza.
En comunidades que han convivido durante décadas con impactos ambientales, promesas incumplidas y daños a la salud, la palabra “proyecto” no genera entusiasmo automático sino sospecha. La autoridad pareció olvidar ese contexto. En lugar de iniciar con procesos de información claros, abiertos y participativos optó por anunciar beneficios económicos y montos de inversión, asumiendo que el desarrollo se acepta por decreto. Sin embargo no fue así.
La consulta, lejos de ser el cierre natural de un proceso de socialización, terminó siendo el primer gran espacio de debate público. Para entonces, el terreno ya estaba abonado para el rechazo. Colectivos ambientalistas, organizaciones sociales y ciudadanos sin afiliación política comenzaron a llenar el vacío informativo con preguntas legítimas: ¿qué tipo de residuos se procesarán?, ¿de dónde vendrán?, ¿qué riesgos existen?, ¿quién vigilará el cumplimiento ambiental?, ¿qué garantías hay de que no se convierta en un nuevo foco de contaminación?
Las respuestas oficiales llegaron tarde, fragmentadas y, en algunos casos, contradictorias. Mientras algunas voces aseguraban que el proyecto sería “ecológico”, otras no lograban explicar con precisión su operación técnica. Esa falta de claridad y planeación alimentó la narrativa del “basurero disfrazado”, una etiqueta difícil de desmontar cuando no se combate con información sólida y oportuna.
Hoy, con el “NO” ganando terreno, el discurso gubernamental se ha desplazado hacia la advertencia: si la ciudadanía rechaza el proyecto, Hidalgo perderá la inversión y los recursos se irán a otro estado. El argumento, aunque realista en términos económicos, llega demasiado tarde y suena más a presión que a convencimiento. En lugar de construir confianza, refuerza la percepción de que la consulta es una formalidad y no un ejercicio genuino de decisión colectiva.
La pregunta inevitable es, ¿quién cargará con la culpa si se pierde la inversión?
La respuesta no apunta a un solo actor, pero sí tiene responsables claros. En primer lugar, las autoridades que promovieron el proyecto sin priorizar la socialización previa. Gobernar no es sólo decidir, sino explicar, escuchar y corregir. En segundo término, los gobiernos municipales, que debieron fungir como puente entre la ciudadanía y el proyecto, y que en muchos casos guardaron silencio o reaccionaron cuando el rechazo ya estaba organizado. Es decir, mala operación política interior.
También existe responsabilidad en los equipos técnicos y promotores del parque, incapaces de traducir documentos complejos en información accesible para la población. Finalmente, no se puede ignorar que en medio del vacío informativo florecen intereses políticos y narrativas alarmistas, pero estas sólo prosperan cuando la autoridad abdica de su papel comunicador.
Con el “NO” impuesto, Hidalgo no sólo pierde una inversión millonaria. Perderá tiempo, credibilidad institucional y una oportunidad para replantear un modelo de desarrollo sostenible con respaldo social. La lección es contundente: los proyectos que no se socializan se politizan, y los que no se explican, se rechazan.
La consulta deja un mensaje incómodo pero necesario. La ciudadanía ya no acepta decisiones tomadas desde el escritorio y anunciadas en conferencias. Exige participación real, información verificable y garantías claras. Si el costo de aprenderlo es de mil 600 millones de pesos, la factura política no será menor.
EL CONSPIRADOR
