La educación pública rural constituye una de las causas sociales más legítimas en la vida pública del país. En Hidalgo, El Mexe simboliza para muchos la defensa de ese modelo formativo orientado a las comunidades más vulnerables. No obstante, la legitimidad de esa causa no puede extenderse automáticamente para justificar cualquier método empleado para exigir su cumplimiento, especialmente cuando dichas prácticas afectan el orden público y los derechos de terceros.
A lo largo de los años, se ha configurado un patrón recurrente en ciertas movilizaciones vinculadas a este plantel: toma de autobuses por la fuerza, bloqueos de carreteras y avenidas principales, daños a inmuebles públicos e institucionales, y una escalada de presión para forzar negociaciones con las autoridades. Estas conductas trasladan los costos del conflicto a la ciudadanía y desvían la atención del debate educativo hacia la legalidad y proporcionalidad de los métodos de protesta, debilitando la empatía social hacia la causa que dicen representar.
La protesta es un derecho constitucional y un instrumento legítimo en toda democracia, pero su ejercicio encuentra límites cuando vulnera otros derechos fundamentales como el libre tránsito, la seguridad y la protección del patrimonio público. Cuando el reclamo social se acompaña sistemáticamente de acciones coercitivas y escenarios de impunidad, la frontera entre la exigencia legítima y el chantaje político se diluye, y la causa corre el riesgo de perder autoridad moral frente a la sociedad que, en principio, podría ser su principal aliada.
Esta dinámica genera, además, una paradoja política constante: si la autoridad no interviene ante bloqueos o disturbios, se le reprocha omisión; pero si intenta restablecer el orden y garantizar los derechos de terceros, se le acusa de represión. Bajo este esquema, la escalada del conflicto se convierte en un mecanismo de presión que condiciona el diálogo institucional, mientras el fondo del problema —el fortalecimiento real de la educación normal rural— queda relegado frente al protagonismo del conflicto mismo.
Reconocer la historia social de El Mexe y las demandas reales que la motivan no implica justificar prácticas que afectan a la sociedad. En un Estado democrático, la legitimidad de una causa debe coexistir con la legalidad de sus métodos, de lo contrario, el reclamo se debilita y la discusión pública deja de centrarse en la mejora de la educación y se desplaza hacia el rechazo a los métodos empleados para exigirla.
La educación pública rural requiere sensibilidad, políticas sostenidas, diálogo institucional y soluciones estructurales que atiendan sus necesidades históricas.
Persistir en métodos de presión política que afectan a terceros no sólo tensiona el orden social, sino que termina erosionando la propia causa educativa que se busca defender, al sustituir la fuerza de los argumentos por la presión del conflicto como principal vía de negociación.
