En riesgo, subsistencia del Comité ciudadano anticorrupción en Hidalgo

“¿Quién puede vivir con 900 pesos mensuales?, además con la limitante de la ley que no se puede tener empleo o cargo durante el tiempo en que se desempeñe la labor de integrante del SEAH”.

“Se ve un grave riesgo de que pueda desaparecer el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción en Hidalgo (SEAH), ante la reducción de salarios y la instauración de políticas que van en contra de la permanencia de los cuatro integrantes en el organismo”, señaló Lucero Calderón.

La integrante del CPC, quien actualmente enfrenta la reducción de un salario de 28 mil a 900 pesos (sin impuestos), destacó que hay una incongruencia por parte del actual Gobierno estatal, pues mientras señala que están en contra de la corrupción y que son transparentes, se instruyó la modificación de salarios, argumentando falta de trabajo en el Comité, y se cambió la directiva de la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción.

En entrevista otorgada en el Congreso local, y mostrando sus informes anuales y trimestrales, Lucero Calderón informó que está en peligro el Sistema:“¿quién puede vivir con 900 pesos mensuales?, además con la limitante de la ley que no se puede tener empleo o cargo durante el tiempo en que se desempeñe la labor de integrante del SEAH”.

Durante la Sesión del parlamento hidalguense, en los puntos generales, las legisladoras Carmen Lozano y Citlali Jaramillo se pronunciaron en contra de la determinación de la Junta de Gobierno del Comité de Participación Ciudadana del SEAH, que, a propuesta de Sergio Carlos Ramírez, ex presidente del organismo, se redujeran sus honorarios y horas más tarde él mismo renunció.

La legisladora Carmen Lozano propuso emitir un exhorto para que desde el Congreso se busque restituir al Comité y analizar los cambios que se dieron en la Secretaría Técnica.

A su vez, Citlali Jaramillo destacó que la representación del Congreso ante la Junta de Gobierno del Sistema Anticorrupción no participó para poder informar con oportunidad de la situación.

En este sentido, la diputada Lisset Marcelino Tovar, quién es la presidenta de la Comisión Anticorrupción en el Poder Legislativo, e integrante de la Junta de Gobierno, indicó que no fue notificada de la reunión citada, donde se bajaron los honorarios, pero informó que analizará el caso, esto a más de un mes de que se dio a conocer el hecho.