Hay errores legislativos que generan inevitablemente algún tipo de costo; puede ser político, económico o ambos, pero el colmo es cuando esos errores obligan a volver a pagar para corregir lo que desde el principio debió hacerse bien. Ese parece ser el caso de la consulta indígena realizada por la anterior Legislatura del Congreso de Hidalgo, un ejercicio para el cual se destinaron más de 12 millones de pesos y que, pese a contar con recursos suficientes y asesoría supuestamente especializada, terminó sin cumplir plenamente con los estándares exigidos.
El punto importa porque no se trataba de una consulta improvisada ni de un procedimiento elaborado sobre la marcha. Precisamente por su complejidad jurídica, cultural y logística se contrató un acompañamiento profesional. Por eso, si se pagaron más de 12 millones de pesos para recibir asesoría especializada, ¿qué fue exactamente lo que se asesoró? Porque una cosa es cometer errores técnicos por falta de experiencia y otra muy distinta es pagar una suma millonaria para evitar esos errores y terminar, aun así, con un proceso jurídicamente vulnerable.
Ahora la actual Legislatura tiene que administrar las consecuencias. Reponer la consulta podría representar alrededor de 10 millones de pesos adicionales, de ahí que el Congreso busque que la Suprema Corte permita conservar las etapas que sí resultaron válidas y repetir únicamente aquellas que presentaron deficiencias. La lógica parece razonable porque, de otra manera, comenzar todo desde cero significaría multiplicar el costo para el erario por una falla que no generó la actual integración del Congreso.
Pero corregir el problema no debería significar borrar su origen. La revisión tendría que mirar hacia quienes diseñaron, contrataron, supervisaron y dieron por bueno aquel ejercicio. Y, particularmente, hacia la asesoría que recibió recursos públicos para acompañar un proceso que debía resistir precisamente el escrutinio constitucional de la Corte. Si el trabajo especializado se contrató para reducir riesgos, garantizar estándares y blindar jurídicamente la consulta, el resultado obliga al menos a cuestionar si el servicio recibido correspondió realmente al precio pagado.
La lección resultó bastante cara. Hacer una consulta indígena cuesta, porque requiere recursos, tiempo, conocimiento técnico y diálogo con las comunidades, pero hacerla mal cuesta más. El problema no es que hoy se destinen recursos para subsanar lo que quedó pendiente, sino que esos recursos tengan que emplearse por segunda vez debido a un trabajo que, por su precio y por la asesoría contratada, debió quedar bien desde la primera.
