Durante su comparecencia en el Congreso de Hidalgo, el titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, informó que la administración de Omar Fayad Meneses vendió tres helicópteros por 166 millones de pesos, monto muy por debajo de su precio. Además, reportó que se han interpuesto 29 denuncias penales por la denominada “Estafa Siniestra”.
El contralor del estado expresó que se presentaron cuatro denuncias por el incumplimiento de un deber legal por la venta de bienes, propiedad del estado: tres de ellas por venta de predios por 55 millones de pesos y la última por la venta de las aeronaves, que no representan los avalúos que tenían, detalló.
De igual forma, mencionó que durante el primer año de gobierno de Julio Menchaca se revisaron los recursos extraordinarios, “que vaya sea de paso decir que ustedes no los autorizaron en el Presupuesto de Egresos y ahí fue que se detectó la Estafa (Siniestra)”.
Por ello, detalló, se interpusieron 29 denuncias penales por desvío de recursos, peculado, entre otros delitos ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo: “contamos con 41 denuncias en contra de proveedores y servidores públicos de siete dependencias, tres organismos y 10 municipios, por un daño al erario de más de 2 mil 200 millones”.
Detalló que, como resultado de estas acciones, nueve municipios devolvieron 180 millones, de los cuales, 102 se destinaron al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la diferencia se incorporó al presupuesto público días antes de que iniciara la actual administración.
Recordó que fueron destituidos ocho presidentes municipales, los cuales se encuentran vinculados a proceso, cinco de ellos se encuentran en prisión preventiva justificada, dos siguen su proceso en libertad sin ocupar el cargo, y uno, el de Atitalaquia, no aparece.
También informó que se turnaron en primera instancia, al Tribunal de Justicia Administrativa, cuatro procedimientos de responsabilidad por falta grave, con un monto de 454 millones.
Y hasta el 30 de septiembre ya se habían iniciado 18 procedimientos de responsabilidad turnados al órgano jurisdiccional, por 688 millones en contra de servidores públicos de seis dependencias y dos organismos. Además, se empezaron 15 investigaciones de responsabilidad contra los contralores internos por omisión de sus funciones.
Al inicio de su comparecencia, en la que preguntaron nueve diputados y participó la presidenta de la comisión de transparencia del Congreso, Lisset Marcelino Tovar, Bardales Ramírez expresó que los actos de corrupción representan uno de los principales problemas de los gobiernos.
