De cara al proceso comicial de 2024, el secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, advirtió sanciones a los servidores públicos que utilicen estructuras gubernamentales con fines político-electorales.
Afirmó que la administración encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar tiene el compromiso de vigilar que los recursos públicos no sean desviados con dicho propósito o se utilicen en actos anticipados de campaña.
Bardales Ramírez indicó que el gobierno estatal actuará con apego a la “Ley General de Responsabilidades Administrativas” para determinar los mecanismos de corrección e investigación que en cada caso correspondan.
De acuerdo con el calendario electoral, en Hidalgo se renovarán 30 diputaciones locales (18 por mayoría relativa y 12 de representación proporcional), así como 84 presidencias municipales, 84 sindicaturas, 14 sindicaturas de primera minoría.
En este contexto consideró que, a pesar de que la ley no obliga a los servidores públicos a renunciar a cargos públicos en caso de buscar puestos de elección popular, deben conducirse con apego a la norma, mantener su desempeño laboral en su cargo o comisión y realizar su proceso bajo la premisa de servir al pueblo.
“Durante esta primera etapa, aquellas personas que aspiran al cargo podrán realizar actividades dirigidas a militantes y simpatizantes de los partidos políticos, pero sin el uso de recursos públicos o en horarios laborales. Las y los inscritos ya cuentan con una serie de restricciones con el fin de no aventajar en el proceso electoral”, recordó.
Reiteró que los aspirantes deben estar apegados a los principios de legalidad, honradez e imparcialidad, para no caer en actos anticipados de campaña con el uso de recursos públicos que incluso pueden considerarse desvíos y daños a la hacienda pública.
Cabe recordar que el proceso electoral a nivel local inició el pasado 5 de noviembre, con la apertura y cierre de inscripciones a contender las candidaturas en diversos institutos políticos, proceso que es vigilado desde la Contraloría estatal para estar al tanto de las inscripciones y obligaciones que deben acatar funcionarios estatales, así como municipales.
Sobre las causas de sanción:
Álvaro Bardales expresó que será responsable el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico y en contraposición a las normas aplicables, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro, en caso de obtener el carácter de servidores públicos de elección popular.
Recordó que el INE aplica sanciones a participantes electorales cuando no se presenta informe de gastos, también por exceder el tope de gastos establecidos, que, según la ley electoral, consiste en el 20 por ciento del registrado para la campaña.
De igual forma, refirió que, en materia jurídica, es el artículo 134 de la Constitución Federal el que prohíbe la utilización de propaganda gubernamental con fines que no sean institucionales, informativos, educativos o de orientación social, así como aquella que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada del servicio público con fines políticos.
