El diputado Avelino Tovar Iglesias aseguró que la eliminación de las corridas de toros en Hidalgo se encuentra detenida por falta de voluntad política, pues, pese a que el gobernador Julio Menchaca Salazar ha reconocido la existencia de maltrato animal en estos eventos, en el Congreso local —donde se discute la iniciativa— persisten “resistencias” que impiden que el dictamen llegue al pleno.
Asimismo, anunció que recurrirán a amparos, en conjunto con colectivos animalistas, para impedir que continúen realizándose estos espectáculos.
Recordó que la propuesta fue presentada hace un año, el 18 de marzo de 2025; en ese momento todas las fuerzas legislativas se adhirieron. Sin embargo, hasta ahora no ha podido ser votada debido a la falta de dictámenes técnicos, resistencias administrativas y la persistente falta de voluntad.
Sobre los dictámenes técnicos, señaló que las titulares de las secretarías de Cultura y Turismo aseguraron haberlos enviado; no obstante, indicó que no tiene la facultad legal para solicitarlos, ya que corresponde a la presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales hacerlo formalmente. Al respecto, la titular de este ente, Lizbeth Ordaz Islas afirmó que dichos documentos no le han sido entregados.
El legislador agregó que la Secretaría de Desarrollo Económico argumentó no contar con estudios técnicos; aunque se comprometió a realizarlos, no ha cumplido. En tanto, la Secretaría de Cultura —dijo— fue “completamente evasiva” y se escudó en tecnicismos sobre quién debe solicitar la información.
En el caso de la Secretaría de Turismo, señaló que evitó fijar una postura clara al calificar el tema como “polémico” y con opiniones divididas.
Tovar Iglesias mencionó que, ante el estancamiento legislativo, se busca reforzar la presión por la vía jurídica y social. Indicó que existe una alianza con Arturo Berlanga, activista ambientalista clave en la prohibición de la tauromaquia en Ciudad de México, para promover amparos.
Asimismo, se planea la realización de un foro en el Congreso para escuchar a sectores ambientalistas y especialistas, con el objetivo de que la Comisión de Puntos Constitucionales reciba la presión social necesaria.
