La dignidad del pueblo y las grandes realizaciones sociales son los vectores que mantienen herida a la democracia, en una crisis política que no ha sido resuelta y que es uno de los déficits históricos que arroja el proceso electoral en puerta y que habrá de terminar el domingo 2 de junio.
En este contexto donde los escenarios políticos en Hidalgo evidenciaron el dramatismo de una sociedad que vive bajo la desigualdad y la pobreza frente a la concentración de riqueza y de oportunidades de la minoría, no puede proseguir. La elección y la concurrencia a las urnas, históricamente, asemeja a una gesta lánguidamente heroica y de sufrimiento social, donde el pueblo de Hidalgo debe marcar un nuevo rumbo en su historia, cuyos desencuentros sociales como la marginación, la pobreza y la desigualdad social no pueden quedar como epitafios lapidarios en las boletas electorales.
Se trata, en lo sustantivo, que la ciudadanía logre el salto cualitativo hacia una estructura de gobierno federal, estatal y municipal, que condense la vitalidad de la dignidad humana y preserve el bienestar social. En este imaginario la despolitización que ha sufrido la ciudadanía empobreció su cultura política por décadas, generando un abismo de poder público en el que las y los ciudadanos se convirtieron en carne de cañón de un sistema político que, en vez de madurar, se anquilosó, generando desigualdad social e inequidad económica, política, educativa y cultural.
La ciudadanía de Hidalgo ha vivido en una democracia herida por el utilitarismo político, la malversación pública, la corrupción e impunidad.
En este escenario, el llamado a las urnas este 2 de junio, es una reivindicación del tejido social, no una justa de elección de personeros en el vacío de una boleta electoral. Se trata, en lo profundo, de hacer valer el voto, pero en correlación con el mandato subsiguiente, es decir, donde la ciudadanía sea la protagonista del ejercicio de gobierno y no lo contrario, comparsa de las decisiones públicas de la clase política en el poder.
Las movilizaciones que hemos podido presenciar en la entidad para solucionar la crisis hídrica son un ejemplo de organización ciudadana que debe darse frente y con el poder público. Es un instrumento de poder orgánico de la ciudadanía que no debe ser obviado ni pasado por alto, como efecto reactivo de la complejidad y problemática social inmediata.
La organización ciudadana no tiene por qué ser abanderada por partidos políticos como constante de concertación social, es un instrumento al cual no se le ha sacado el jugo necesario en una de las dimensiones más importantes de la democracia: el asociativismo ciudadano.
El procesamiento del conflicto social en una democracia atraviesa por la organización ciudadana. Esta virtud de asociativismo ciudadano debe empujar a la ciudadanía de Hidalgo a tener presencia y proximidad en los ayuntamientos para que los cabildos traduzcan las acciones que requiere el tejido social y la sociedad civil.
Los ayuntamientos han sido enclaves decorativos de presupuestos “exiguos” e intereses privados en su mayoría, salvo raras excepciones; ha llegado el momento de hacer de la democracia el ejercicio de lo cotidiano y la acción de revisión social mensual y periódica.
La rendición de cuentas es un instrumento obligado que hace del ejercicio público un gobierno público. Esto no puede ser olvidado por la ciudadanía, la cual, no puede comportarse de manera indolente, es su deber custodiar y exigir resultados. Existen todos los elementos electrónicos y presenciales para que la sociedad civil haga custodia del gobierno.
La ciudadanía de Hidalgo no puede permitirse el lujo, este 2 de junio, de ser intrascendente en su historia y, mucho más significativo, no puede ser indolente una vez instaurados los nuevos encargos y gobiernos.
