Después de las aclaraciones realizadas por el procurador Santiago Nieto en materia de impunidad, la visión colateral estriba en la percepción ciudadana de la inseguridad en Hidalgo.
El INEGI ha publicado la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, cuya información relevante tiene que ver con el diseño de políticas públicas en materia de seguridad y victimización que, en el arqueo de las comparecencias del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna y del secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, dejó incógnitas relevantes sobre el crecimiento de la delincuencia organizada y la presencia de cárteles en la entidad.
De acuerdo con Impunidad Cero, en México no se denuncia el 94% de los delitos que se cometen y menos del 1% se resuelven, es decir, de cada 100 delitos que se cometen sólo se denuncian 6.4.
En la curva real de delitos en Hidalgo, destaca de acuerdo a ENVIPE que en el 2022 el 21.6% de los hogares tuvo al menos una víctima de delitos; es decir, 199,951 hogares de 925,302 estimados, y en la prevalencia delictiva a personas por sexo, fue de una tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes de 18,059 hombres y 17,669 mujeres en 2022. Por citar otros ejemplos, de la tasa de delitos frecuentes por cada 100 mil habitantes durante el año pasado, el fraude representó el 20%, la extorsión, el 16,4%; el robo o asalto en calle o transporte público, 12.3%; robo total o parcial de vehículo, 11.7% y robo a casa habitación, 8.3%.
Con estos datos, debemos advertir el cruce de información con las comparecencias de Olivares Reyna y Cruz Neri y sus cuestionables posturas sobre la impunidad e inseguridad en el estado, donde la ciudadanía no se maneja de manera uniforme, sino dependiendo de la zona geográfica, lo cual eleva las potencialidades del análisis a una situación preocupante que debe ser atendida y no minimizada frente al ascenso de la delincuencia organizada.
Pese a las declaraciones de Santiago Nieto sobre el índice de impunidad en Hidalgo, se debe hacer una correlación de eventos con respecto a la incidencia delictiva, debido a que la percepción ciudadana no va en la misma dirección de lo estimado por Olivares Reyna y Cruz Neri, que a números duros en pérdidas y afectación delincuencial en 2022 de acuerdo a ENVIPE, en los hogares el costo del delito fue de 6,835.8 millones de pesos, el equivalente al 1.08% del PIB.
En términos estrictos, los cálculos que realiza el INEGI suelen ser estimaciones conservadoras y los números duros se quedan por debajo de la realidad, por lo que la atención a la seguridad en Hidalgo no puede quedarse chata, como fueron las comparecencias del secretario de Gobierno y el de Seguridad Pública, puesto que se minimizan los costos intangibles de la inseguridad que padecen los ciudadanos en carne propia.
El derecho de piso como presencia de extorsión es ya una narrativa urbana en Hidalgo, por citar un tema de costo intangible no atendido que se agrava en relación al daño patrimonial, físico, psíquico y moral de nuestra sociedad, que considera que existe un déficit en materia de seguridad no atendido por las instancias públicas.
Transitar del Estado punitivo al preventivo es la lección no aprendida en la procuración e impartición de justicia, cuya correlación con la seguridad pública no puede obviar la percepción intangible de la ciudadana sobre la inseguridad en Hidalgo.
