El diálogo interestatal en materia de seguridad y paz ciudadana inicia en un momento álgido del combate a la delincuencia organizada en México.
Hidalgo sufre los estragos de la delincuencia organizada, que aprovecha espacios vulnerables para establecerse. El huachicoleo en territorio hidalguense ha abierto las puertas a delitos como la extorsión, conocida como “derecho de piso”, que se ha extendido como amenaza al comercio formal, así como robos a casa habitación y asaltos en carreteras.
A diferencia de la postura indolente del diputado panista de Querétaro, Guillermo Vega, que intentó presentar una versión tropicalizada y fuera de contexto de una posible “colombianización” o “ecuatorización” del crimen organizado en Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca Salazar continúa con paso firme en la procuración de justicia, afianzando su colaboración con los gobiernos de Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Puebla en el marco de la Mesa Interestatal de Construcción de Paz.
En este escenario trasciende la reorientación estratégica que al respecto ha realizado el mandatario hidalguense con la llegada de Francisco Fernández Hasbun, que inicia una dinámica de inteligencia e investigación al interior de la Procuraduría General de Justicia en coordinación con los estados circunvecinos, porque la expansión de la delincuencia es un problema multifactorial.
Estamos ante un gran reto, pues la delincuencia organizada no puede ser vista como un fenómeno aislado o endogámico y la procuración de justicia y democracia debe darse como una constante de Estado, con énfasis en la prevención, estrategia mucho más efectiva que el castigo.
Sin embargo, no debemos perder de vista el incremento del malestar ciudadano debido a la falta de resultados de las administraciones municipales, como en Yahualica, que es un foco de alerta que requiere la acción del Estado para conservar la armonía y la paz pública.
En este trazo de orientación pública de la paz y armonía social, la proliferación del comercio informal ha generado el aumento de las actividades ilícitas de grupos de delincuencia organizada, cuestión que obliga a la aplicación de nuevas técnicas de prevención y procuración de justicia en los ayuntamientos, que se han visto rebasados.
Es el momento preciso para que la administración de Menchaca Salazar haga de las rutas de la 4T el distintivo del trabajo en materia de seguridad y elaborar una estrategia transversal en la procuración de justicia, acompañada de protocolos de prevención de justicia, profesionalización y modernización de los cuerpos de seguridad pública y mando coordinado.
