Mientras buena parte de la conversación política ya está instalada en quién será candidato, quién candidata y qué partido terminará aliado con quién en 2027, los 84 ayuntamientos de Hidalgo tienen una tarea bastante menos vistosa, pero mucho más cercana al bolsillo de la gente, que es el decidir cuánto pretenden cobrar el próximo año por impuestos, derechos, licencias, constancias, permisos y demás servicios municipales. Tienen hasta el 1 de octubre para mandar sus propuestas de Ley de Ingresos al Congreso del estado y con esto, comenzará una discusión y un análisis técnico que inevitablemente ya trae una carga jurídica y política consigo.
Y es que los ayuntamientos no llegan precisamente invictos en este tema. Este año, la Suprema Corte invalidó diversos cobros incluidos en las leyes de ingresos de ocho municipios hidalguenses, y esto porque algunos incluían en sus ordenamientos tarifas con cargo a la ciudadanía hasta por emitir copias certificadas, al considerar que algunas cuotas resultaban desproporcionadas frente a lo que realmente costaba prestarlos. En pocas palabras, la Corte les recordó que una cosa es recaudar y otra es convertir los trámites municipales en nuevos impuestos de facto o dicho con otras palabras, en una oportunidad para meterle la mano al bolsillo del ciudadano, algo que en política podría sonar muy básico.
Por eso habrá que ver con lupa qué mandan ahora los ayuntamientos. Actualizar sus cantidades de recaudación por temas como la inflación o por necesidades reales es perfectamente entendible, pero inflar cobros sin una plena justificación técnica ya es otra cosa. El Congreso adelantó que revisará las 84 propuestas y que buscará evitar excesos o disposiciones que después terminen otra vez frente a los escritorios de los Ministros. Después de lo sucedido este año en este tema, repetir la historia sería más necedad que descuido.
Además, hay un pequeño detalle llamado elección de 2027. Los alcaldes que propongan aumentos gobernarán al mismo tiempo que sus partidos estarán recorriendo colonias para pedir nuevamente su confianza en las urnas y ahí cada peso adicional tendrá inevitablemente una lectura política, aunque detrás exista una justificación financiera perfectamente defendible.
Así que antes de que lleguen las campañas llenas de fotografías abrazando comerciantes, llegarán primero las nuevas ideas recaudatorias de cada municipio. También eso será política, porque aunque todos los ayuntamientos de la entidad quieren administrar más recursos para obras o mejoras municipales, hay una experiencia previa que les recuerda que este tema no puede ser un cheque al portador y que hay un sistema de pesos y contrapesos que este año les puso varios límites.
