No funcionó subir impuestos a los alimentos chatarra

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021 demuestra que de nada ha servido el impuesto a los alimentos chatarra, pues las cifras de sobrepeso y obesidad en México siguen al alza. Y si bien ha servido para recaudar más dinero, no se ha destinado a mejorar políticas de salud y educación.

De acuerdo a un interesante estudio de Javier Eli Domínguez que se dio a conocer recientemente, en México de nada sirvió la creación, en el 2014, de un nuevo impuesto para desalentar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica, pues contrario a lo pensado, aumentó la insana costumbre de ingerir alimentos con estas características.

El trabajo de Eli se llama “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021”, donde podemos observar cifras tan contundentes como estas: la proporción de adultos con obesidad y sobrepeso pasó de 71.3 en el 2012 a 74.1 en el 2020.

Recordemos que el gobierno -al inicio de la investigación con Peña Nieto al frente y ahora con López Obrador-, con el costo extra a estos productos, pretendía inhibir su compra, lo cual no se ha logrado, pero sí se ha convertido en una importante fuente de recaudación. Se trata, pues, de políticas públicas que ningún gobierno de izquierda, derecha o de centro va a estar dispuesto a dejar escapar.

Si consideramos que las autoridades comprobaron que dicho incremento en el gravamen no funcionó, echarlo para atrás sería lo normal, pero no. Recordamos el pago de la tenencia vehicular, el cual se impuso “temporalmente” para solventar los gastos de las Olimpiadas en 1968, y hoy, a 54 años de la justa deportiva, es un impuesto que casi todas las entidades en el país mantienen.

El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) se ajustó dos años después (2016) de presentada la iniciativa para crear un gravamen especial para desalentar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido calórico y pobres en aportación de nutrientes. El estudio hoy nos muestra que en materia de recaudación fiscal ha resultado un éxito, pero en su objetivo primordial es un fracaso.

Durante el 2021, por el pago de impuestos a alimentos chatarra, el Estado recibió 40 mil millones de pesos que en su origen debían aplicarse en atención a la salud y la educación,  de acuerdo a los compromisos del IEPS: con el 10 por ciento de lo recaudado se iba a instalar bebederos y mejorar la infraestructura de las escuelas públicas, además de garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales o de alta marginación. Esto ni antes ni ahora ha ocurrido.

En su creación, este impuesto causó buenas expectativas pensando en sus fines. Es más, el Instituto Nacional de Salud  Pública informó que el consumo de este tipo de productos había disminuido el 11 por ciento a raíz de la aplicación del IEPS. Pero en términos demográficos no se ha visto reflejado en que la obesidad y el sobrepeso en México sean menores, sino al contrario.

Hoy en día en nuestro país 7 de cada 10 personas presentan estos problemas de salud, mientras que 1 de cada 3 menores deja ver el mismo mal. La mayoría pensamos que este nuevo impuesto, además de los etiquetados sobre la advertencia de su deficiente calidad nutricional, tendría buen fin, pero la realidad nos muestra otra cosa.

La estrategia del actual gobierno ha sido al contrario: las deficiencias en el sistema sanitario y el dinero recaudado no se refleja en la mejora prometida, por el contrario, los programas y campañas del sector salud destinados a crear conciencia y evitar el incremento de la obesidad, o tratarla, han sufrido recortes presupuestales, lo que resulta paradójico.

Tengamos presente que cuando se reformó la ley del IEPS en el 2017 se ofreció que sus ingresos servirían para financiar el combate médico a la desnutrición, la obesidad y a la diabetes y por supuesto que hoy nada de eso ha ocurrido. Basta tener presentes las políticas de supuesta austeridad que hoy distinguen al gobierno y ello nos lleva a concluir que nunca, y menos ahora, se pondrá en práctica el anunció de dar más recursos a la salud.

Notas Breves.- El calendario electoral para renovar el Poder Ejecutivo en Hidalgo avanza. El proceso comenzó formalmente el 15 de diciembre; el 2 de enero fue el límite para registrar las coaliciones; de aquí al 10 de febrero estaremos en precampañas, para que del 11 de febrero al 2 de abril los partidos y las coaliciones seleccionen formalmente a sus candidatos, mismos que tendrán que ser registrados entre el 19 y 23 de marzo, para que del 3 de abril al 1 de junio estemos en plenas campañas y el domingo 5 de junio vayamos a las urnas a elegir al sucesor –mujer u hombre- de Omar Fayad.

Todo parece indicar que todo se va a decidir entre Carolina Viggiano, la priista propuesta por el PAN de la coalición “Va por Hidalgo” junto con el PRD; Julio Menchaca, el senador  que va por Morena con el apoyo del Partido Verde y el del Trabajo, y el diputado con licencia Francisco Xavier, que declinó buscar las firmas necesarias para convertirse en candidato independiente y va ahora por Movimiento Ciudadano.

Por hoy es todo, nos leemos en la próxima entrega , pero… Entre nos.     

Autor: José Guadalupe Rodríguez Cruz

*Egresado de la UNAM como licenciado en Derecho y Diplomado por el Instituto de Administración Pública de Querétaro y por la Universidad Iberoamericana en Políticas Públicas. *Regidor Municipal en Tula, Secretario Municipal de Tula, Diputado local en la LVII y LIX Legislaturas en el estado de Hidalgo y Presidente Municipal Constitucional de Tula 2000-2003. *Autor del libro “Desde el Congreso Hidalguense” y coautor del libro “Tula... su Historia” *Director y fundador del periódico bisemanario “Nueva Imagen de Hidalgo”, que desde 1988 se pública en Tula, Hgo.


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