Familiares y colectivos marcharon en Pachuca para denunciar el uso desigual del sistema de justicia familiar, así como presuntas vulneraciones al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa justa. De acuerdo con sus registros, existen mil 423 casos en el país relacionados con padres no criminales, de los cuales 52 corresponden a Hidalgo.
La movilización, en la que participaron poco más de 60 personas, inició en el Centro de Justicia para las Mujeres después de las 10 de la mañana. Posteriormente avanzaron hacia el Sector Primario, donde expusieron sus casos en las inmediaciones de los juzgados familiares y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
María del Carmen Barranco Escobedo, titular del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad y Voces Inocentes MX, explicó que la agrupación tiene presencia en las 32 entidades del país y en 24 países como Chile, Argentina, Alemania, Ecuador y Panamá. Indicó que este 24 de abril realizaron movilizaciones en distintas capitales del país.
De manera pacífica y bajo el hashtag #SoyPapáNoCriminal, los participantes expusieron la necesidad de visibilizar lo que consideran injusticias en el sistema judicial, particularmente en casos relacionados con denuncias familiares.
“Hay muchísimos papás que están denunciados falsamente y están perjudicados, y en los peores de los casos están en prisión por una falsa denuncia, por el dicho de una mujer, porque las leyes nada más están respaldando a la mujer y los hombres están en total desprotección, entonces es lo que queremos, que vean todo ya con igualdad”.
Barranco Escobedo urgió a que jueces y magistrados apliquen la ley con un enfoque centrado en el interés superior de la niñez y las familias, al señalar que existen casos con presuntas irregularidades, omisiones institucionales y fallas estructurales.
Además, mencionó que, en diversos expedientes, los padres cumplen con el pago de pensiones alimenticias, pero enfrentan obstáculos para convivir con sus hijas e hijos, incluso mediante señalamientos en redes sociales.
“Tengo casos que tienen siete años que no ven a sus hijos, son buenos padres y están dando pensiones alimenticias, y estas mujeres se están encargando de desprestigiarlos en tendederos, cuando traen un registro de no deudor y están en el tendedero. Entonces se están agarrando de estos movimientos”.
Y añadió: “no estamos en contra de las víctimas, sabemos que hay mujeres que están sufriendo violencia, pero hay mujeres que se están agarrando del movimiento para atentar en contra de sus exparejas y aquí hay muchísimos casos como estos”.
También recordaron el caso del doctor Adrián Moya, quien, tras una denuncia por violación que consideran falsa, permanece en prisión desde hace tres años. Sus familiares hicieron un llamado a las autoridades para revisar las pruebas y garantizar un proceso justo.
La representante del colectivo señaló que en fiscalías y procuradurías prevalecen omisiones y, en algunos casos, decisiones orientadas a evitar confrontaciones públicas.
“Estos movimientos de feministas radicales los intimidan a no hablar con la verdad, prefieren no verse expuestos ante medios de comunicación, a que los suban a sus tenderos, prefieren tener a los hombres ahora sí como el sexo débil. El llamado es a las autoridades, a los jueces, a los magistrados, a los ministerios públicos que realicen bien su trabajo”.
De acuerdo con cifras del colectivo, al 24 de abril se han registrado mil 423 familias con este tipo de casos en el país: 343 por obstrucción de convivencias, 233 denuncias falsas, 175 por separación prolongada, 125 por presunta alienación parental, 101 por problemas con fiscalías, 70 por señalamientos al sistema DIF como obstáculo, 60 por acusaciones de presunto abuso sexual y 54 por sustracción de menores.
En Hidalgo se contabilizan 52 casos, equivalentes al 3.7 por ciento del total nacional. La mayor incidencia se concentra en Pachuca con 30 casos, seguida de Ixmiquilpan, Tulancingo y Tizayuca. Entre las principales problemáticas destacan la obstrucción de convivencias y la exigencia de pensiones como mecanismo de presión, ambas con 17.3 por ciento, seguidas de disputas de custodia con 13.5 por ciento.
Asimismo, se reportan casos relacionados con el sistema DIF como obstáculo (7.7 por ciento), denuncias falsas (7.7 por ciento), presunta alienación parental (5.8 por ciento) y sustracción de menores (1.9 por ciento).
“Nosotros no protegemos agresores, no protegemos a deudores, todo lo contrario, queremos que los padres tengan las convivencias con sus hijos, llegar a las autoridades para que vean sin perspectiva de género los casos, los niños son primero, aquí tenemos el eslogan de que los niños siempre tienen que ir primero, perspectiva de infancia, perspectiva de familia”.
