Durante dos años, organizaciones buscaron que don Humberto, un adulto mayor que murió en situación de calle, pudiera acceder a una pensión o a algún programa social; sin embargo, no se concretó, ya que no existieron alternativas para subsanar los requisitos administrativos que lo dejaron fuera.
Así lo dio a conocer Pamela Alvasanto, titular de la organización Por la Inclusión y los Derechos Humanos, quien señaló que mil 800 personas en situación de calle habitan en la zona metropolitana de Pachuca.
De acuerdo con la activista, el hombre, quien en su juventud fue maestro, quedó en condición de vulnerabilidad tras la muerte de su madre y la pérdida de su red de apoyo. Sin adicciones, pero con una condición mental que fue aprovechada por sus familiares para despojarlo de sus bienes, terminó viviendo en la calle.
En ese tiempo, organizaciones intentaron que pudiera acceder a programas sociales, particularmente a una pensión para adultos mayores. Sin embargo, los requisitos administrativos lo dejaron fuera: no contaba con identificación oficial vigente, comprobante de domicilio ni medios de contacto como teléfono o correo electrónico.
“Estuvimos dos años pidiendo que lo censaran dentro del refugio invernal de Pachuca, tratando de suplir esos requisitos, pero fue completamente infructuoso”, relató en entrevista con Effetá.
Don Humberto fue intervenido quirúrgicamente por un problema de próstata. Tras ser dado de alta, falleció una semana después en el Parque Hidalgo, sin haber logrado incorporarse a ningún programa social.
“(Fue un caso) que nos hizo ver qué tan invisibles eran, porque todos los programas, o sea, el programa que tú te imagines, ya sea municipal, estatal o federal, siempre te van a pedir un documento que acredite tu identidad. La mayoría de ellos no tienen ni acta ni CURP y ni siquiera les ayudan, o sea, no hay un programa más que el que nosotros tenemos, que les da esa identidad”, expresó.
El caso de don Humberto no es aislado. Según el mapeo de Por la Inclusión y los Derechos Humanos, las mil 800 personas se encuentran en las mismas condiciones: quedan fuera de los censos oficiales, como los del Inegi, y de prácticamente todos los programas sociales.
“Todos los apoyos te piden INE, comprobante de domicilio, teléfono, correo electrónico y hasta visitas domiciliarias. Eso los deja totalmente fuera”, señaló.
