El presidente municipal de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez, informó que su administración se vio obligada a realizar un pago de 3.5 millones de pesos a un particular como consecuencia de un litigio legal derivado de omisiones de gobiernos anteriores.
El conflicto se originó cuando, durante obras de ampliación del acceso al municipio, se afectó una propiedad. En su momento, el entonces alcalde panista, Raúl Armando Padilla Islas, se comprometió con los ejidatarios de Tizahuapan, particularmente con Alfredo Ramos, a reubicar el lote. Sin embargo, el acuerdo nunca se concretó, y tampoco fue cumplido por sus sucesores Omar Padilla Palacios, Fidel Arce Santander y Luis Antonio Montiel Castelán.
Ante el incumplimiento, el afectado acudió a instancias judiciales, lo que derivó en una sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento. Esta resolución ordenaba el cumplimiento del convenio original, la reubicación del predio afectado y el pago de daños y perjuicios por más de 4.5 millones de pesos, además de los gastos procesales.
No obstante, gracias a una negociación directa, Montaño Rodríguez logró un acuerdo con el quejoso, quien aceptó recibir únicamente 3.5 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el edil señaló que su gobierno evalúa tomar medidas contra los exfuncionarios responsables. “Es un asunto heredado que representó afectaciones económicas para esta administración”, expresó.
En otro tema, dio a conocer que la administración municipal cuenta con aproximadamente 52 bienes inmuebles, de los cuales sólo el 5 por ciento tiene certeza jurídica.
Ante esta situación, adelantó que iniciará las gestiones y trámites necesarios para regularizarlos, ya que algunos fueron donados de manera verbal o se encuentran dentro de terrenos ejidales. Por ello consideró prioritario atender este tema, pues las personas que realizaron dichas donaciones aún están con vida, lo que facilitaría la formalización de la posesión a favor del ayuntamiento.
Advirtió que esta situación ha generado otros obstáculos, pues al carecer de la propiedad legal de los inmuebles se han rechazado solicitudes de recursos federales para su mejora o ampliación.
