Pobladores de la localidad de Pueblo Nuevo, en Ixmiquilpan, se manifiestan afuera de la sede de Gobierno de Hidalgo, impidiendo la entrada y salida de trabajadores y ciudadanos. El bloqueo se debe a un conflicto agrario con el ejido vecino de Julián Villagrán.
En entrevista, Óscar García Ventura, representante del ejido de Pueblo Nuevo, señaló que no se han podido ejecutar las sentencias emitidas por el Tribunal Agrario debido a presuntos intereses políticos, por lo que la diligencia se encuentra detenida. Además, iniciaron carpetas de investigación por despojo y solicitan el auxilio de la fuerza pública, a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, para desalojar a los ocupantes.
"Hemos iniciado ya las carpetas correspondientes porque tenemos 16 procedimientos agrarios, de los cuales se han ejecutado solamente cinco; faltan 11 por ejecutar. Entre esos, los de las tierras de uso común del ejido, por eso es que nos estamos manifestando", expresó García Ventura.
Precisó que hay cuatro carpetas de investigación pendientes por el delito de despojo, mientras que cinco ya fueron ejecutadas. Señaló que interpusieron un amparo y la autoridad federal les dio la razón para que el Estado les brinde el auxilio de la fuerza pública.
"El problema que tenemos nosotros es que no hay auxilio de la fuerza pública. Hicimos un convenio con el subsecretario (Arturo Sosa Echeverría) donde él se comprometió a brindar el auxilio, pero no lo cumplió. Entonces, presentamos un recurso de amparo y nos resolvió la autoridad que efectivamente nos tienen que brindar ese auxilio, tanto el gobierno del estado como la Guardia Nacional, eso es lo que estamos solicitando", agregó.
Los pobladores buscan recuperar sus tierras, que consideran “de derecho y hecho” pertenecientes a la comunidad de Pueblo Nuevo. Los afectados son 15 personas, la parcela escolar y la parcela ejidal, sumando aproximadamente 16.5 hectáreas.
El conflicto involucra a las comunidades de Julián Villagrán y Pueblo Nuevo, derivado de la disputa por 34 hectáreas que inició en 2001. Los manifestantes advierten que continuarán bloqueando los accesos a la sede de Gobierno si no reciben una solución.
