La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), Rebeca Stella Aladro Echeverría, confirmó que hasta el momento ningún magistrado o persona juzgadora en la entidad padece amenazas o incidentes que deriven en la implementación de medidas de seguridad extraordinarias.
En entrevista, recordó que existen los Lineamientos en Materia de Seguridad y Vigilancia, así como el Protocolo de Seguridad para las Personas Servidoras Públicas en el Ejercicio de Funciones Jurisdiccionales, ambos aprobados por el Consejo de la Judicatura.
Abundó que cada protocolo que se aplica es diferente, según las circunstancias, y no se difunde por cuestiones de seguridad.
“Los hemos estado aplicando también en la medida de las posibilidades que tenemos; hay un protocolo, no lo damos a conocer porque entonces dejaría de ser seguro, es al interior, pero desde luego que lo estamos aplicando”, puntualizó.
Aladro mencionó la posibilidad de implementar otras medidas de protección, con base en las posibilidades presupuestales, como instalar arcos de seguridad en las sedes jurisdiccionales y fortalecer los esquemas de vigilancia, incluso en coordinación con todos los trabajadores del Poder Judicial.
“A todos se les da, no se solicita, se les da y se les hace ver en la medida de cada uno de los distritos judiciales y de los jueces, juzgados, cómo lo podemos aplicar de la mejor manera posible”, indicó.
Igualmente, corroboró que actualmente ningún juzgador requirió la aplicación de un protocolo de seguridad especial. “Me parece todo está desarrollándose normalmente”.
Caso Rosaura
El caso de Rosaura Ocampo cumplió un año. Ella denunció en 2024 a su expareja por violencia, acoso y secuestro; a inicios de 2025 fue puesto en libertad y en febrero fue asesinada por el agresor.
Cuestionada al respecto, la presidenta del TSJH explicó que el asunto derivó en tres juicios: uno por violencia familiar con una pena de 10 años; otro por privación de la libertad, que determinó nueve años, cuatro meses y nueve días; y finalmente el de feminicidio, homicidio doloso en grado de tentativa y homicidio doloso calificado, el cual sigue en curso.
Asimismo, reiteró que la jueza vinculada en este tema, Janeth Montiel Mendoza, quien concedió hace un año la liberación del hoy señalado por la muerte de Rosaura, no exhibió ninguna irregularidad en su actuar.
“Ese fue uno de los que se dio la investigación y se resolvió, se determinó que no había habido ninguna situación por parte de la jueza que hubiera motivado a alguna cuestión”, finalizó.
