Con el respaldo de los artículos 60 y 105 de la Ley Reglamentaria y Constitución federal, nueve diputados del Congreso local formularon una acción de inconstitucionalidad en contra de la aprobación a la interrupción legal del embarazo (ILE) en Hidalgo efectuada el 30 de junio en una accidentada sesión de la Cámara.
Dicho proceso fue ingresado ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el folio 13100 y argumenta que no fue seguido un protocolo parlamentario adecuado desde el análisis a las comisiones donde fue enviado el proyecto hasta que no se permitió el voto o uso de la voz en la discusión.
Sin embargo, tras la difusión del proceso, las áreas de comunicación social de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Luisa Pérez Perusquía y Julio Manuel Valera Piedras, dijeron que desconocían el documento y que en ningún momento lo habían signado, aunque figuran en la caratula de exposición de motivos.
El resto de asambleístas firmantes son: Mayka Ortega Eguiluz, Adela Pérez Espinoza y José Luis Espinosa Silva, del PRI; Areli Rubí Mirada Ayala, independiente; Asael Hernández Cerón, Claudia Lilia Luna Islas y María Teodora Islas Espinoza, del PAN; así como Viridiana Jajaira Aceves Calva y Felipe Ernesto Lara Carballo, del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH).
Pero tras el desconocimiento de Pérez Perusquía y Valera Piedras, el documento perdió procedencia al necesitar al menos el 33 por ciento de los diputados locales, es decir, 10, explicó una activistas en conferencia de prensa en rechazo al juicio: “No se cumple la regla y presentar la inconstitucionalidad solo es para confundir”, dijo.
Feministas aducen campaña mediática
Ante la presentación a la SCJN, cuatro organizaciones y asociaciones feministas convocaron a una conferencia de prensa en la que condenaron y lamentaron lo anterior, al considerarlo además como una acción mediática de los asambleístas y brecha al progreso y derechos humanos.
Pero pese a ello, las activistas manifestaron que el acceso al aborto sigue aún con la inconstitucionalidad, de la cual pusieron el ejemplo de la Ciudad de México que duró casi cinco años y fue dada una respuesta negativa por la corte.
Asimismo, al emitir su posicionamiento de crítica, si bien asentaron que es un derecho de los diputados proceder de la forma en que la hicieron, cuestionaron que algunos abanderaran el estandarte feminista y el de la ILE y ahora se expresen en contra, como Areli Rubí Mirada Ayala.
“A quienes votaron en contra cuestionamos que con el tema de las mujeres no se juega. Definan si están a favor o es solo un mensaje político; se lo creo al PAN (Partido Acción Nacional), pero o vas en pro o dejas de cargar el tema junto al discurso progresivo”, externó enfáticamente Bertha Miranda Rodríguez, titular de la asociación civil Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).
Por último, fue desestimado el argumento de que se impidió el voto para avalar o no la ILE, pues se contrastó que los videos de las sesiones asientan la oportunidad para emitir la opinión cameral, explicó Otilia Sánchez, de fundadora de Cihuátl.
