En Hidalgo no es menor que al frente del Tribunal Superior de Justicia esté una jurista de carrera. Rebeca Aladro no llegó desde la estridencia partidista ni desde el activismo coyuntural, sino desde una trayectoria sólida dentro del propio aparato judicial. Este dato importa mucho en estos tiempos donde la discusión pública suele reducirlo todo a buenos contra malos, porque recuerda que todavía hay espacios institucionales construidos desde la experiencia y no desde la consigna.
La reforma judicial en Hidalgo, aprobada por el Congreso local en febrero de 2025, movió piezas delicadas: previó la elección de personas juzgadoras locales hasta 2027, permitió la reelección de magistraturas y estableció campañas y evaluaciones para aspirantes. Era, desde luego, un momento propicio para el ruido, la victimización o la confrontación abierta, pero al menos en el discurso público de su presidenta y, en buena medida, en la conducta institucional del Poder Judicial local, lo que se vio fue algo menos vistoso y bastante más elegante: la prudencia.
Y quizá ahí está el mérito político de este tema: no convirtieron al Tribunal en una trinchera mediática. En otros contextos, una reforma así habría sido el pretexto ideal para incendiar la relación entre los poderes locales, montando un discurso de agravio permanente. Sin embargo, en Hidalgo no hemos visto, hasta ahora, un Poder Judicial desbordado por el protagonismo, sino a magistradas, magistrados, juezas y jueces colocados frente a una transición compleja, con reglas nuevas y costos profesionales muy concretos.
Pero la prudencia no cancela la pregunta de fondo; apenas la pospone. Porque conforme se acerque 2027, el debate dejará de ser abstracto y se volverá personal: quién decide competir para conservar el cargo y quién concluye que la lógica electoral simplemente no debe mezclarse con la función jurisdiccional. Ese será el verdadero examen político y ético de la reforma. No tanto el de quienes la promovieron, sino el de quienes tendrán que procesarla desde dentro del Poder Judicial. Y es que en esa decisión no se jugará sólo una permanencia laboral, sino la idea misma de qué perfil de juzgador quiere Hidalgo.
Por eso, más que adelantar condenas o repartir aplausos, conviene observar. Hoy Hidalgo tiene al frente del Tribunal a una presidenta formada en la carrera judicial y a un Poder Judicial que, al menos hasta ahora, no ha respondido con estridencia sino con cautela. Lo que sigue será más complejo: ver quién está dispuesto a convertir la toga en candidatura y quién decide que hay funciones del Estado que, por higiene republicana, no deberían depender nunca de una campaña.
