Regidora buscaba sancionar a edil de Lolotla; TEEH señala que no hay pruebas suficientes

La regidora acusaba haber sido violentada bajo razones políticas de género, después de analizar las pruebas aportadas y las que se recabaron, el TEEH señaló que no fueron suficientes para juzgar al alcalde bajo esa perspectiva.

Pese a que ya había tenido una respuesta favorable luego de ser destituida por supuestas inasistencias a su encargo como regidora, la misma persona buscaba sentarle un procedimiento sancionador al alcalde de Lolotla, Ernestino Melo Díaz, ya que ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) acusó haber sido violentada bajo razones políticas de género.

Sin embargo, la magistrada del caso Rosa Amparo Martínez Lechuga determinó que en los cinco actos que esgrimió la munícipe no fue posible detectar una vulneración en el sentido que refirió, ya que las pruebas aportadas y las que recabaran las instancias del TEEH no fueron suficientes para poder juzgar en esa perspectiva, aunque está obligado a hacerlo, mencionó.

En el primer punto, la regidora expresó que fue destituida de forma indebida por el alcalde y el cuerpo colegiado municipal, no obstante, el actuar si bien resultó incorrecto porque no fueron atendidas regulaciones en la materia y hasta se invadieron atribuciones, el hecho es exclusivamente administrativo sin que se haya apegado u obedecido a razones de género contra la demandada.

En segundo lugar, la regidora expresó que sufrió un trato diferenciado en la conformación de las comisiones del cabildo, pero nuevamente el TEEH descartó que su sexo haya tenido alguna injerencia a la hora de haber sido designada en un órgano edilicio, además de que el ayuntamiento aseveró que se apegó a sus reglamentaciones vigentes; en tercer lugar, fue declarada la inexistencia del acto de coartada en participación.

Pues de las copias de actas de 34 sesiones que Lolotla realizó se observó que la quejosa sí tuvo voz en los actos, además de que realizó manifestaciones, anotaciones y hasta haber firmado dicha documentación; en el tema de haber sido denigrada por el alcalde, las pruebas aportadas y recabadas no fue acreditada la conducta, pese al principio de presunción, además de que el señalado negó haberse conducido de tal manera.

En el tema salarial, Martínez Lechuga no se refirió, aunque dictaminó que no pudieron acreditarse las demás denuncias bajo la perspectiva de género, y pese a que sí hubo omisiones las mismas ya fueron resueltas en un juicio de protección de derechos político-electorales donde la regidora fue restituida en su cargo; la nueva sentencia fue aprobada por el pleno del TEEH de forma unánime.


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