La vinculación a proceso no es sinónimo de culpabilidad, enfatizó el abogado Ramsés Almaraz, defensor legal de Arturo Williams T.L. y Bertha Eva M.H., quienes enfrentan un proceso penal en Hidalgo.
El jurista señaló que esta etapa representa la oportunidad para que las autoridades analicen de forma imparcial todas las pruebas y determinen la inocencia de sus representados.
“Si en el estado de Hidalgo los jueces y las autoridades actúan con imparcialidad y analizan el expediente de mis defendidos, con objetividad y basados en contundentes elementos probatorios, no hay duda alguna que Arturo Williams y Bertha Eva serán declarados inocentes”, declaró.
Almaraz sostuvo que la defensa confía en el juicio como un medio para demostrar que el caso está basado en falsedades. Según argumentó, se ha recurrido al uso de dos menores de edad para llevar a cabo una venganza en contra de personas inocentes. Recordó que, conforme al artículo 20 constitucional, los imputados deben ser tratados con presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
“No existe un solo elemento probatorio que permita atribuir responsabilidad penal en contra de Arturo Williams y Bertha Eva”, afirmó, al recordar que anteriormente se emitió un auto de no vinculación y, pese a la falta de nuevos elementos, se giraron nuevas órdenes de aprehensión “con presiones ajenas al derecho”.
El abogado del despacho Ralex y Asociados pidió a las autoridades judiciales que no se dejen influenciar por una “narrativa falsa” y respeten los principios del debido proceso. “Esto apenas comienza y no existe ningún argumento sustentado o probado mediante el cual se pueda establecer culpabilidad para los implicados”, reiteró.
También rechazó lo que denominó un “juicio mediático plagado de mentiras y contradicciones” y sostuvo que solo un juez, con base en pruebas sólidas, puede emitir una sentencia. “La acusadora que condena pretende dirigir la impartición de justicia y eso es inadmisible en un Estado de Derecho”, puntualizó.
Cabe destacar que, de acuerdo con autoridades judiciales, el delito en contra de las niñas “existía y persistía”, y aunque se ordenaron nuevas líneas de investigación, estas no se cumplieron, por lo que las menores siguen bajo custodia de sus presuntos agresores.
