La Contraloría del estado de Hidalgo informó que las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 corresponden exclusivamente a señalamientos de carácter administrativo o solicitudes de aclaración, sin que exista daño patrimonial firme ni procedimientos judiciales o de responsabilidad administrativa en curso.
De acuerdo con la dependencia estatal, como parte del proceso ordinario de fiscalización la ASF otorga un plazo de 90 días para que las entidades presenten información adicional, documenten procesos y aclaren aspectos técnicos. En ese periodo se atenderán puntualmente todos los requerimientos formulados por la autoridad revisora.
En el caso de la contratación de obra pública vinculada a una empresa cuyos socios tendrían parentesco con un legislador, la observación se refiere a la necesidad de ampliar información sobre el procedimiento de adjudicación. La posible relación familiar señalada, precisó la Contraloría, no configura por sí misma un conflicto de interés en términos legales; no obstante, el órgano interno de control, encabezado por Álvaro Bardales, revisará y documentará el proceso para disipar cualquier duda.
Respecto a los seguros catastróficos para el campo y el ganado, el gobierno estatal aseguró contar con la documentación que acredita la contratación y los mecanismos de cobertura en beneficio de productores afectados, la cual será presentada nuevamente para su valoración dentro del periodo de aclaración.
En cuanto al esquema de nómina observado, se explicó que se trata de un mecanismo de estímulo fiscal aplicable al sector público en materia de ISR, instrumentado mediante comprobantes fiscales y recuperaciones mensuales conforme a la normatividad vigente. Para ello se aportarán los elementos técnicos que acrediten su legalidad.
Sobre los pagos señalados por aproximadamente tres millones de pesos en el ámbito universitario, la administración estatal indicó que corresponden a indemnizaciones y prestaciones derivadas de procesos de jubilación y terminación laboral, lo cual será acreditado ante la instancia fiscalizadora.
Finalmente, en el caso del municipio de Lolotla, la observación deriva de la revisión del destino de recursos del FAISMUN, por lo que se dará seguimiento conforme a las atribuciones correspondientes para que se aclaren los hechos y, en su caso, se realicen las acciones pertinentes.
El gobierno del estado reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración plena con las instancias fiscalizadoras, al subrayar que “la fiscalización funciona cuando se revisa y se aclara”, y que todo será documentado con absoluta apertura a la ciudadanía.
