Tardará jueza hasta 3 meses más para avances en caso Calnali

El alcalde sigue en funciones y nunca ha sido cesado del cargo a pesar de las denuncias de negociaciones indebidas.

Ante un procedimiento que está detenido, la jueza de control Janeth Montiel tardará entre dos y tres meses para responder sobre la situación legal del alcalde de Calnali, Isaid Acosta Téllez, quien está vinculado a proceso por el delito de negociaciones indebidas agravadas, por un monto de 52 millones de pesos.

Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH), informó que en una primera instancia (4 semanas atrás) le dirigieron un oficio desde el Poder Legislativo para conocer de la condición del alcalde, pero al no ser la autoridad jurisdiccional contestó que tendría que dirigirse directamente a la jueza de control que lleva el asunto.

“Se le dio respuesta, indicando que la autoridad correspondiente era el juez de control que lleva el caso”, explicó la magistrada, al tiempo que expuso que en este momento el juicio está suspendido, en “stand by”, sin especificar los motivos.

En medio de respuestas cuidadas y evasivas, indicó que “por la situación jurídica, la jueza de control contestará de manera absoluta de acuerdo a las circunstancias que se den en ese momento”, es decir, en dos o tres meses, tiempo cuando el alcalde aún en funciones ya haya cumplido con el pago del resarcimiento del daño, que es de 2 millones de pesos y que será en plazos.

“Como está en receso por el término que se da por ley de seis meses, el juez no lo contesta, pues hasta que tenga una respuesta ya concreta”, excusó.

Añadió que, con el lapso de tiempo transcurrido y el pendiente, “… ya en dos o tres meses que se venza el término que la ley establece, el juez podrá contar con una respuesta certera de cómo están las condiciones”, reiteró.

Si bien desde enero de 2023 el alcalde de Calnali fue vinculado a proceso, la jueza de control Janeth Montiel tardó más de dos meses en notificar al Poder Legislativo para que se le destituyera al alcalde como lo marca la ley. Y el oficio tardó un mes más en llegar a la Comisión de Gobernación del Congreso Local para el análisis. Apenas la semana pasada se otorgaron 20 días hábiles más para dar respuesta al caso.

Mientras tanto, el alcalde sigue en funciones y nunca ha sido cesado del cargo a pesar de las denuncias de negociaciones indebidas durante su etapa de secretario de obras públicas municipal ante la autoridad judicial y estar inhabilitado por cinco meses por el Órgano Interno de Control (OIC) en 2020.