La bancada de Morena, encabezada por el diputado Armando Corona, ha presentado una iniciativa que busca imponer penas de hasta nueve años de prisión a quienes elaboren o distribuyan stickers con contenido considerado ilegal o propagandístico. La propuesta, que aún no se discute en el Pleno, ha generado polémica y críticas por su potencial impacto en la libertad de expresión y por el carácter desproporcionado de las sanciones planteadas.
De acuerdo con el legislador, la iniciativa pretende “combatir el uso indebido de imágenes o símbolos con fines ilícitos o electorales”. Sin embargo, el texto ha sido interpretado por analistas como un intento de penalizar la expresión simbólica, una forma de comunicación ampliamente usada por toda la ciudadanía.
Abogados especialistas han manifestado que un sticker no es un arma, sino una idea, por lo que convertirlo en delito es un despropósito que erosiona los principios básicos del derecho penal y de la libre expresión, con lo que se abre la puerta a la arbitrariedad y la censura.
El planteamiento de Morena no es aislado: forma parte de una tendencia reciente en el Congreso mexicano hacia la expansión del castigo penal en temas relacionados con la comunicación y la tecnología. En meses pasados, el mismo grupo parlamentario propuso sancionar con prisión la difusión de audios generados con inteligencia artificial y la llamada “propaganda política encubierta” en redes sociales.
Expertos en derecho penal advierten que esta lógica punitiva puede tener efectos contraproducentes, ya que el derecho penal debe aplicarse sólo cuando hay un daño real y comprobable, por lo que castigar actos simbólicos significa una forma de populismo legislativo.
El trasfondo político de la iniciativa no pasa desapercibido. En un contexto electoral y con un clima de polarización creciente, muchos observadores ven en esta propuesta una herramienta para limitar la crítica pública y el humor político.
Sin lugar a dudas, el pretexto hoy son los stickers, pero mañana será el resto de mínima crítica; es decir, es una forma sutil de control político, ya que se castiga el símbolo para disciplinar la palabra.
Aunque la propuesta aún no se aprueba, ha encendido una discusión necesaria: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su intento de controlar los mensajes que circulan en el espacio público?
En un país donde la impunidad supera el 90% y donde los delitos graves quedan sin castigo, la idea de dedicar recursos judiciales a perseguir a quienes elaboran y envían stickers parece, cuando menos, una prioridad absurda.
Más allá del debate partidista, la iniciativa de Armando Corona plantea una cuestión central: ¿debe el Estado castigar con prisión la expresión simbólica? Si la respuesta es sí, el riesgo no es sólo jurídico, sino cultural. Porque cuando se empieza a encarcelar a quien piensa diferente —aunque lo haga con un simple sticker— la democracia ya no se está fortaleciendo: está siendo silenciada.
