Tula está entrando peligrosamente en un terreno donde la violencia ya no es una racha, sino que comienza a volverse algo cotidiano. Lo que durante años se quiso leer como episodios aislados, hoy empieza a mostrarse como la acumulación de hechos cada vez más graves, más frecuentes y más crueles, que ya no sólo lastiman a las víctimas directas, sino que van afectando la vida cotidiana de toda la región.
Lo más delicado de Tula no es únicamente el número de hechos violentos, sino la sensación de escalamiento. A inicios de año hubo ataques armados con varias personas asesinadas; después vinieron nuevos homicidios, enfrentamientos, hallazgos de cabezas humanas y restos abandonados en distintos puntos; en marzo, incluso, se reportó un cuerpo desmembrado dispersado en varias colonias. Estas son imágenes que no sólo pertenecen a la nota roja, sino que ya suponen señales de una degradación importante del entorno de seguridad.
Por eso el problema no debe mirarse sólo desde la lógica del operativo policiaco. Sobre esto, hay que decir que sí ha habido respuesta institucional, porque en enero se desplegaron más de 600 elementos para reforzar la seguridad en la región, y ahora se anuncia también la entrada en operación de un C2 con videovigilancia e inteligencia artificial, pero sería un error pensar que la sola presencia de más patrullas, más uniformes o más cámaras resuelve por sí misma una crisis que ya tiene signos de arraigo. Entonces, devolverle la normalidad a la vida de las personas debe convertirse en el objetivo institucional.
Y es que lo que más debería inquietarnos es la dimensión ciudadana del problema, porque detrás de cada hecho violento hay familias que cambian rutas, comercios que cierran más temprano, madres que viven con angustia cuando sus hijos salen, colonias que aprenden a reconocer el sonido de los disparos y vecinos que normalizan operativos, cateos, acordonamientos y sirenas.
Los propios hechos nos dicen que no estamos hablando sólo de estadísticas, sino de violencia de alto impacto y de escenas que revelan una disputa territorial criminal con una crueldad cada vez más visible. Pero el que un juez de control haya sido atacado a tiros en septiembre pasado terminó por confirmar que el problema ya no se limita a pleitos entre grupos criminales. Es evidente que cuando la violencia alcanza perfiles de esa naturaleza, la señal es mucho más alarmante para el Estado mismo.
Tula merece una conversación pública honesta. Una que no minimice lo que está ocurriendo ni abandone a sus habitantes a la resignación, porque no basta con decir que se está atendiendo el problema, hay que lograr que la gente vuelva a sentir que puede vivir sin miedo. En Tula no sólo está en juego la seguridad de una región, sino la posibilidad misma de que sus habitantes no terminen aceptando un ambiente que jamás debe normalizarse.
