Canek Vázquez Góngora, delegado regional del Infonavit en Hidalgo y militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos de la Ciudad de México.
De acuerdo con un certificado emitido por la Dirección General del Registro Civil del gobierno capitalino, el funcionario federal fue inscrito de manera preventiva y provisional en la base de datos.
El monto de la obligación que adeuda en el pago de la pensión a sus dos hijos asciende a 907 mil 702 pesos, desde el 5 de diciembre de 2021, luego de haber sido demandado por su ex esposa Marisol Cervantes Salvatori, quien, entre otros cargos públicos, ha sido secretaria técnica en la Cámara de Diputados federal, administradora central del Servicio de Administración Tributaria y regidora en el municipio de Naucalpan, Estado de México.
LEY 3 DE 3 CONTRA DEUDORES ALIMENTICIOS
Apenas el viernes pasado el Senado de la República aprobó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Las y los senadores dieron su respaldo al proyecto para suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Las y los senadores coincidieron en que en una verdadera democracia no basta con ser un funcionario eficiente, si se es acosador sexual; no basta ser un servidor público destacado, si se es agresor por razones de género; no basta ser un legislador, un juez, un alcalde o un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción, si se es deudor de pensión alimenticia.
Una vez que fue aprobada la reforma constitucional se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
