El Congreso local analizará si la empresa que el año pasado realizó las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad (PcD) puede reponer el proceso, luego de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anularan las reformas que derivaron de estos ejercicios.
Cabe recordar que el pasado 7 de diciembre la Corte dio un revés a las reformas al Código Electoral de Hidalgo en los referidos casos, pues determinó que los levantamientos no se realizaron conforme a los parámetros de las normas internacionales y nacionales.
Hasta este martes 12 de diciembre, la SCJN no había notificado al Legislativo sobre los detalles de su decisión en lo que respecta a las modificaciones realizadas a favor de la población LGTTTIQ+, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas.
Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Jesús Osiris Leines Medécigo, quien detalló que esperarán el aviso formal para determinar cuál será el procedimiento a seguir.
"En la Ley Indígena, de seis etapas, tres no están anuladas, simplemente hay que operar nuevamente estas tres. En cuestión de la reforma a personas con discapacidad, esa no está anulada, tiene únicamente observaciones que se atenderán. Una vez que nos notifiquen veremos cuál es el procedimiento a atender, lo que yo tengo entendido es que sí debe dar respuesta quien realizó esta consulta”, expresó.
Cuestionado sobre si los legisladores tendrán tiempo de realizar las modificaciones al Código Electoral de Hidalgo, tal como ordenó la Corte, pues se deben aplicar luego de las elecciones del 2 de junio, mencionó que esta labor corresponderá a sus sucesores, ya que tendrían únicamente dos meses antes de que finalice el periodo de la actual Legislatura.
Sobre la empresa
En septiembre del año pasado, la firma SEAP Consultores S.C. realizó el levantamiento de información a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Hidalgo a cambio de un pago de 9 millones 720 mil 800 pesos. Esta misma empresa consultó a personas con discapacidad para garantizar su representación en los cargos de elección popular; en este caso, el costo fue de 2 millones 494 mil pesos.
