Construir una memoria por los desaparecidos en México es un tema sensible, donde el déficit de procuración e impartición de justicia en la materia es una larga cadena de dolor social.
En el año 2024, en Hidalgo, de 852 personas desaparecidas fueron halladas 694, lo cual alecciona sobre la complejidad de este evento que en el país ya ha congregado la creación de diferentes colectivos buscadores que se encuentran librando una batalla histórica para poner freno a estos episodios de lesa humanidad.
El hallazgo dantesco del Rancho Izaguirre en Jalisco -del cual las autoridades como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, han confirmado que era un centro de reclutamiento y adiestramiento de la delincuencia organizada– ha vuelto a poner el foco de reacción mediática y de fuerzas de la derecha sobre la incidencia y causalidad de las desapariciones en México. Las movilizaciones de los colectivos de la sociedad civil han incidido en las últimas semanas en una serie de pronunciamientos de organismos internacionales exigiendo al gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo que vuelva prioridad de Estado este flagelo social.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido un discreto éxito en la disminución de asesinatos dolosos, pero la mano de las acciones en materia de seguridad pública se ha multiplicado después de décadas de indolencia y estragos que causaron las fuerzas del antiguo régimen, situación que fue uno de los puntos nodales para hacer colapsar al Poder Judicial y que a la postre llevó a su reforma, la cual se encuentra en una fase electoral en la nación.
En el gobierno de Julio Menchaca, las acciones en materia de impartición y procuración de justicia se han intensificado en diferentes dimensiones de los delitos que aquejan a la entidad, ubicándola en una de las más seguras del país. Sin embargo, no hay campanas al vuelo, porque el quebranto de la justicia en México por parte de los grupos delictivos se mantiene de manera permanente y suele encontrar múltiples formas de agresión social.
En esta estela delicada, las desapariciones en México que han aquejado a diferentes gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, ya demandan un plan integral que permita apreciar resultados de gran calado, precisamente porque han causado una herida social inenarrable que no ha disminuido y que impele un esfuerzo preventivo de la seguridad pública que permita crear una nueva narrativa de la justicia en el país.
Después de años sin mayores respuestas, las madres buscadoras se han reunido con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en un diálogo sensible e inédito de un gobierno con el tejido social para trabajar de manera conjunta en torno a las pesquisas del delito de desaparición.
En este tránsito doloroso se han perdido en la búsqueda de los desaparecidos las identidades de miles de ellos y, pese a existir un banco creciente de data dura de identidades, aún resulta insuficiente para las familias que buscan a sus familiares y amigos. En este escenario, las pesquisas genéticas han permitido aliviar el dolor social, pero son el eslabón negro de la cadena de búsqueda que todavía mantiene sesgos de investigación del ¿por qué y quienes cometen estos delitos? y ¿cuáles son los móviles de las redes delictivas y cómo se fracturarán las cadenas delictivas?
Los episodios y testimonios de las madres buscadoras en México dan cuenta de una memoria inenarrable de los desaparecidos, sin que, hasta ahora, se pueda extinguir este delito de lesa humanidad que no debe estar presente en ninguna sociedad.
No podemos ser indolentes ante la violencia y sus vertientes delictivas de grupos organizados.
Construir una memoria sobre los desaparecidos es el último eslabón de un episodio cruento en la historia de la nación. Habrá que unir a la sociedad civil y a la sociedad política para poner freno a este flagelo que amenaza al tejido social y que debe constituir una prioridad en la impartición y procuración de justicia en el país.
