En una estructura social donde históricamente el abuso del alcohol en Hidalgo ha sido uno de los temas recurrentes en el tejido social, se precipitan los números crudos: cinco de cada 100 ciudadanos consumen alcohol al menos una vez a la semana, de acuerdo al INEGI.
En paralelo, la descomposición social advierte números mayores porque el incremento de la violencia intrafamiliar y la desintegración del núcleo familiar se ha convertido en una de las mayores causas de oscilación de la erosión en Hidalgo y devela que debe generarse una plataforma pública de prevención y asistencia social.
En este trazo doloroso, el incremento de personas del sexo femenino es reflejo de los alcances en la horizontalidad del consumo de alcohol, que se centra en personas de los 12 a los 65 años con mayor incidencia, lo que devela que se ha extinguido el mito de que las personas que experimentan esta problemática son, casi en exclusivo, varones.
En esta atmósfera, la descomposición social y su transversalidad a diferentes dimensiones como la educación, el trabajo, la segregación y la violencia han creado un clima reactivo en Hidalgo, que debe ser atendido más allá de los problemas de salud y congrega la disposición de crear un rubro de políticas públicas que incidan en el control del alcoholismo sobre las esferas sociales en las que se precipita.
Ni el uso de la marihuana tiene tales repercusiones de descomposición social a nivel mundial como los problemas derivados del abuso de alcohol, donde los accidentes automovilísticos, producto de la imprudencia, son una constante. Hace menos de un año los incidentes que se presentaron en bares de Pachuca por diferentes irregularidades, de las cuales la venta a menores de edad predispuso al ayuntamiento a tomar medidas de cierre de establecimientos y multas que derivaron en un control de horarios y medidas de seguridad, parecen advertir que se está lejos de una solución de forma y fondo respecto a la complejidad que reviste el evento.
Entre las medidas que se están implementando desde el ayuntamiento que preside el alcalde Jorge Reyes, la regidora María Luisa Oviedo Quezada ha destacado la necesidad de resguardar a las personas intervenidas en los operativos del alcoholímetro y, con ello, dar paso a la instauración del proyecto de decreto para reforma del artículo 82 del Nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad de la capital, condición que expresará medidas estrictas y de vanguardia a la seguridad de la ciudadanía.
En esta instancia del ayuntamiento se busca evitar abusos hacia las personas intervenidas a través de la seguridad jurídica que otorgará el Nuevo Decreto y, con ello, trazar una línea cautelar que evite excesos de autoridades.
En todo caso, el Ayuntamiento de Pachuca debe crear los instrumentos de protección ciudadana que impidan la serie de abusos que se han presentado sobre el operativo alcoholímetro en la ciudadanía, la cual suele quejarse de corrupción y violencia por parte de elementos de seguridad pública.
En los entretelones, ¿qué medidas de derechos humanos acompañan al operativo alcoholímetro?
Es necesario que la Comisión Estatal de Derechos Humanos integre de manera permanente los trabajos del operativo alcoholímetro y garantice que su aplicación no viole, en ningún momento, los derechos humanos de las y los ciudadanos. En este escenario, un trazo coordinado entre los cuerpos de seguridad pública y de derechos humanos podrá otorgar mayor transparencia y certidumbre al operativo alcoholímetro.
Del alcoholismo al alcoholímetro, todo indica que Hidalgo y el gobierno de Julio Menchaca deben dar el salto cualitativo en la prevención de este cáncer que atenta sobre la descomposición del tejido social.
