Un grupo de madres de familia, víctimas de violencia vicaria, ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron el rezago existente en los juzgados familiares de Hidalgo, situación que, aseguran, les ha impedido convivir con sus hijos.
Verónica Domínguez Ortiz, originaria de Tulancingo, explicó que desde hace siete meses mantiene un proceso en el Juzgado Primero de lo Familiar, en el que pelea la guardia y custodia de su hija. Señaló que, pese a haber presentado las pruebas correspondientes, los acuerdos de las autoridades familiares se han retrasado más de tres meses.
Narró que el padre de la menor la denunció con falsas acusaciones de violencia, por lo que “el juzgado en automático le otorga la guardia y custodia provisional al papá”. Sin embargo, ella y su abogado lograron demostrar que dichos señalamientos eran falsos. Aún así, indicó que la demora de tres meses en emitir una determinación le permitió al padre sacar a la niña del estado.
Por su parte, Lilia Fernanda Remes Oropeza relató que lleva cinco meses sin poder ver a sus tres hijos. Explicó que su expareja los recogió de la escuela, pese a que existía un acuerdo de custodia compartida que establecía que él los tendría los fines de semana y ella entre semana.
“Él fue por ellos al colegio y de ahí no los pude ver hasta durante un mes. Después recibí tal cual a un actuario, pues que él estaba pidiendo la guardia y custodia de mis hijos, pues se había brincado un acuerdo que nosotros ya teníamos firmado desde el divorcio”, declaró.
Agregó que su expareja intentó confundir a las autoridades familiares con una denuncia penal, ya que ella cuenta con una carpeta de investigación en su contra por robo a casa habitación, interpuesta por el mismo hombre. Hay un rezago en los juzgados familiares que hace que mi caso avance con lentitud, lamentó.
Asimismo, Karen Veloza, ciudadana colombiana radicada desde hace 12 años en Pachuca, denunció que desde hace seis meses su expareja la acusó falsamente de violencia contra su hijo, estudiante de una escuela primaria particular.
A raíz de la denuncia se dictaron medidas de restricción en su contra, las cuales fueron retiradas posteriormente al demostrarse que las acusaciones carecían de fundamento.
Comentó que hace un mes presentó pruebas psicológicas ante el Consejo de Familia, cuyo resultado aún está en espera. Añadió que, aunque las autoridades ordenaron al padre de su hijo permitir la convivencia por medios electrónicos, dicha medida no se ha cumplido.
