Continúan los entretelones de la tragedia social y la respuesta del gobierno de Julio Menchaca continúa con responsabilidad y solidaridad gubernamental en la zona de desastre, mientras en el ajedrez político en Hidalgo se agolpa el desafío de la distribución del poder desde las impugnaciones del PRIAN e Izquierda Unida, en los escarceos del Congreso sobre la aprobación del Presupuesto 2026.
La revocación de mandato sigue siendo el tema central dentro del péndulo político, donde el PRIAN y el extravío de Izquierda Unida pretenden generar un clima de incertidumbre en contra de la gestión de Julio Menchaca, que ha impulsado este mecanismo democrático para acceder a formas de racionalidad política que le permitan a la ciudadanía ejercer su partición en las estructuras de poder; lo cual, no está a discusión.
¿Hasta dónde llegarán los desencuentros del PRIAN en su afán por detentar el poder público en Hidalgo?
Mientras el Presupuesto de Egresos de 2026 acapara la atención de la clase política en impugnaciones del PRIAN a Morena, aparecen señales confusas en un diálogo de sordos, donde el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), Leodegario Hernández Cortez, ha presentado su rechazo a la revocación de la sentencia de la Sala Superior, que modificaba los lineamientos para la captación de firmas y fiscalización del proceso de revocación de mandato del gobernador Julio Menchaca.
En una dimensión analítica de forma y fondo, el empeño denodado de Hernández Cortez por hacer prevalecer la ley en materia electoral resulta loable, pero el desencuentro de criterios jurídicos entre la Sala Superior y el TEEH no admite ningún resquicio y, mucho menos, resquemor sobre la viabilidad del proceso de revocación de mandato en Hidalgo.
¿Existe acaso una suspicacia de Leodegario Hernández en torno al peso de la validez legal de este proceso democrático y cuál es el entretelón frente al Presupuesto de Egresos 2026?
El contexto político-institucional en el que se inserta la revocación de mandato del gobierno de Julio Menchaca ha generado la proliferación de parásitos de la política que se esconden tras un velo “democrático”. En este trazo, ha sido el Poder Ejecutivo de Hidalgo el que ha impulsado este instrumento legal para crear horizontalidad democrática que haga de la voluntad soberana del pueblo, el valor de la legitimidad de su gobierno y esto no está a discusión.
Este proceso de revocación de mandato no ha sido politizado por el gobernador de Hidalgo, quien continúa con sus trabajos para garantizar la proximidad de la asistencia ciudadana en todo momento, más allá de la tragedia social con las y los hidalguenses.
La lectura analítica del proceso de revocación de mandato de la administración de Julio Menchaca estriba en que la legitimidad y capital político alcanzado por el gobernador de Hidalgo le duele a la vieja guardia del PRIAN y su casta política como a la izquierda radical que encabeza Tonatiuh Herrera que, en un extravío sin precedentes, intentan crear un rol de beligerancia política que, en términos estrictos, ha creado un clima de parásitos políticos que no ha escalado ni calado en la ciudadanía de Hidalgo.
El Presupuesto de Egresos 2026 también ha caído en la politización del PRIAN frente a la tragedia social de los damnificados por el huracán Priscilla.
Si algo caracteriza la administración del gobernador Julio Menchaca es la proximidad ciudadana que ha construido desde un gobierno solidario y con apego a la redistribución de oportunidades sociales, que permita rescatar a los que menos tienen y genere ese gobierno del pueblo que no sea una retórica sórdida como la que construyó en el abandono social el PRIAN.
En estos entretelones, la ruptura de la alianza del PRIAN a nivel nacional y que en Hidalgo es una realidad que ya perfila los encontronazos entre Marco Mendoza y Marcela Isidro, tratando de emular la confrontación nacional entre el líder del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Jorge Romero. Esto advierte que la verdadera manzana de la discordia a la que se suma la radicalización de Izquierda Unida no es otra cosa que la desesperada pugna del poder político de la que estos partidos y grupos de presión se encuentran marginados.
La marginación política del PRIAN Hidalgo y de Izquierda Unida es un síntoma claro de la erosión de sus estructuras, que no admite confusión ni extravío. En términos estrictos, no son interlocutores válidos en Hidalgo y ello los mantiene orbitando en torno al capital político del gobierno de Menchaca Salazar que, en una muestra de altura política, los ha conminado al diálogo, a trabajar por las y los ciudadanos en este momento donde tratar de obtener raja política de la tragedia social, sólo evidencia la miseria y podredumbre política de estos partidos y grupos de presión.
El mecanismo de revocación de mandato es válido en Hidalgo y pese a lo plausible que resultan las apreciaciones del magistrado Hernández Cortez sobre la equidad democrática, a la cual se le ha intentado sustituir por los apetitos parasitarios que buscan, de manera oscura, la redistribución del poder político desde el PRIAN e Izquierda Unida, reflejan el extravío político que los ha abortado como interlocutores válidos de las y los hidalguenses.
