Los capítulos de la Estafa Siniestra en Hidalgo se precipitan de una manera vertiginosa, mis únicos y queridos lectores, y la malversación pública detectada en el municipio de Singuilucan por un desvío de 126 millones de pesos deja abierto un escenario que deberá ser indagado respecto de las personas físicas y morales que se encuentran inmiscuidos en el evento y en la estructura de esta macro red de corrupción.
Hasta ahora, los reflectores de la Estafa Siniestra han estado centrados en las pesquisas sobre personeros y actores de la esfera pública y se han focalizado en torno a tratar de desentrañar la serie de dependencias y organismos públicos que fueron utilizados para los fines de malversación estructural del erario en la administración de Omar Fayad, que salpicó en esta trama a los ayuntamientos como instrumentos de filtración.
Estupor ha causado la develación de que la administración de Omar Fayad también utilizó el seguro catastrófico que se aplica a las tragedias climatológicas, como la ocurrida en Tula, para el desvío de recursos que superan los 100 millones de pesos, condición dolorosa y atroz. En este clima anómalo, las pesquisas ahondan en los ayuntamientos las indagatorias que habrán de ser profundizadas.
El gobernador Julio Menchaca ha sido contundente para focalizar la atención en las pesquisas de la Estafa Siniestra, como un asunto que lastimó y lastima a las y los hidalguenses, dejando claro que no se trata de una persecución política como lo han pretendido manejar los intereses oscuros de los implicados en la administración del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y, desde luego, de las fuerzas del antiguo régimen que pretende encubrir un pasado de corrupción e impunidad.
Empero, en este entretelón, poco hemos advertido de la información de las pesquisas a los actores físicos y morales del ámbito privado que se encuentran inmiscuidos en el caso. De esta forma, entre los prestanombres, licitaciones a modo, empresas de amigos como empresas fantasmas y, desde luego, cuestiones como instituciones financieras privadas, las pesquisas no han -todavía- puesto el dedo en la llaga sobre esta dimensión que debe ser escudriñada y que podría develar el modus operandi de la Estafa Siniestra.
En el análisis crítico de las indagatorias de la Estafa Siniestra sobresale el hecho de que la judicialización de los procesos, pese a haber tenido éxito, no ha podido evitar que la reparación del daño al erario público, por parte de los involucrados, haya impedido que quedaran en libertad, debido a que los delitos de esta índole no se encuentran tipificados en el Código Penal como graves.
La alerta roja en este entretelón la constituyen las posibles zonas de vacío en que se pueden escabullir de la ley los sujetos físicos y morales que intervinieron en la Estafa Siniestra y que no pueden ser obviados en el proceso.
En días pasados, la exsecretaria de Finanzas le exigió “derecho de réplica” sobre los cauces de la Estafa Siniestra a la Auditoría Superior de Hidalgo, en algo conocido como “addendum documental”, para anexar información que, a toro pasado, no sólo es un despropósito absurdo, sino, también, que se encuentra fuera de cauces legales. En este escenario, está claro que la intención de la exsecretaria de Finanzas es sondear hasta dónde se pueden interponer recursos para obstruir o detener este proceso de indagatorias.
Las nuevas acusaciones sobre el exoficial mayor de la era Fayad Meneses, Martiniano, han acelerado la desesperación de aquellos que se encuentran en vilo en torno a las pesquisas de la Estafa Siniestra y han puesto alerta roja en los sujetos físicos y morales que deberán entrar en el carrusel de su judicialización.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
