Los clavos del ataúd

Mis únicos y queridos lectores, la naturaleza de la Estafa Siniestra como evento de malversación pública, donde la corrupción en el sexenio del exgobernador Omar Fayad Meneses, no sólo fue un instrumento de desvíos del erario público, sino una de las mayores heridas que se le pueda infringir a la ciudadanía, permiten inferir que los clavos en el ataúd en Singuilucan no serán los últimos en las pesquisas judiciales, debido a que el gobernador Julio Menchaca se ha pronunciado por llegar hasta sus últimas consecuencias.

Este entramado que oscila en las últimas semanas con el desvío de fondos catastróficos y se suma a las indagatorias del exoficial mayor, Martiniano, y al excontralor, César Román, de la administración Fayad Meneses, marcan la triangulación que lo mismo se dio en el uso de recursos de programas sociales que en las alcaldías, y sus impactos con redes ocultas de empresas y prestanombres que se multiplican al paso de las investigaciones judiciales.

En este trazo, tanto las pesquisas de la Estafa Siniestra, en manos del contralor Álvaro Bardales como del auditor Jorge Valverde, sintetizan que las operaciones e irregularidades en la administración de Fayad Meneses presentaban un modus operandi que se pilotó y replicó en municipios, donde se desviaba y filtraba la malversación de recursos públicos en una red de contubernios de actores públicos y privados.

En este trazo de irregularidades, la detención del exalcalde de Singuilucan, Marcos Miguel, que enunció el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, se presenta en un momento climático donde las pesquisas de la Estafa Siniestra han cobrado fuerza porque los procesos sobre sus actores implicados se multiplican y develan miles de millones de pesos malversados.

Los clavos del ataúd de Singuilucan en la Estafa Siniestra, donde existe un pasivo de desvío de fondos públicos que superan los 126 millones de pesos, apunta no sólo el arqueo sobre las cuentas públicas, sino, también, sobre la membrana permeable de 161 contratos con personas físicas y morales que son, en realidad, uno de los elementos donde la filtración de los recursos públicos cobra mayor relevancia, debido a que muchos de ellos desaparecen en tiempo y espacio, lo que vuelve la red de corrupción una encrucijada judicial.

Es evidente, que en la medida que la red de corrupción de la Estafa Siniestra involucró a personas físicas y morales, la filtración tuvo un destino de trasiego financiero superior, porque la lógica apunta a que estos actores habrían de generar una cadena de asimilación de los recursos para luego desaparecer, maniatando a los órganos de fiscalización como la Auditoría Superior de Hidalgo.

El modus operandi de empresas fantasmas y prestanombres se multiplicó en la Estafa Siniestra, pasando a desvíos con empresas y corporativos internacionales como se ha encontrado en la malversación del seguro catastrófico ejercido en la era Fayad Meneses por 116 millones de pesos que jamás ingresó al erario público; lo que se sumó a la triangulación de programas, entidades públicas y, desde luego, el trasiego de recursos de forma ilícita en los ayuntamientos como Singuilucan, que deberán seguir siendo arqueados en las pesquisas que el gobernador Julio Menchaca ha expresado que llegarán hasta sus últimas consecuencias.

En todos los casos de la malversación de la Estafa Siniestra, la prescripción fue la misma.

Al no ser un caso de gravedad judicial el planteamiento de la malversación pública, es decir, no entra en las categorías de criminalidad grave a nivel punitivo, el cálculo era que, de ser vinculado a proceso, la reparación del daño era la puerta de escape y, por lo tanto, flojito y cooperando. Entonces la puerta de escape consistía en declararse culpable, ir con tus abogados a impugnar el monto para pagar y devolver lo menos posible al erario público y con el dinero restante -millones de pesos-, vivir una vida de jauja, mientras la ciudadanía era burlada y humillada.

Los clavos en el ataúd en Singuilucan no terminarán por restituir la probidad pública, debido a la perversión política y social que le ha propinado la Estafa Siniestra a las y los ciudadanos en Hidalgo.