Una vez finalizado el ejercicio de consulta ciudadana para la instalación del Parque Ecológico y de Reciclaje en la zona sur de Hidalgo, se informó que dicho mecanismo no prevé medios de impugnación contra los resultados ni recursos para denunciar posibles anomalías ocurridas durante el proceso celebrado el pasado 14 de diciembre.
La presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), María Magdalena González Escalona, recordó que esta encuesta no es un ejercicio de carácter constitucional, sino un mecanismo implementado únicamente para conocer la opinión de la población sobre un tema específico.
“Nuestra participación es capacitar a la ciudadanía para que reciba la votación en las mesas, realizamos la sumatoria y esos resultados nosotros no los emitimos; los entregamos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, y ellos son quienes hacen la emisión final”, explicó.
Por ello, subrayó que no existe recurso jurídico alguno para refutar la decisión final, ni para impugnar presuntas omisiones o irregularidades ocurridas durante las distintas etapas del proceso realizado el pasado domingo.
Indicó que el IEEH coadyuva en este tipo de actividades, principalmente para generar certeza en ejercicios de participación no constitucionales, a solicitud de diversas instancias, como ocurrió en consultas similares para la instalación de un tianguis en Atitalaquia o para la selección de comités vecinales en Mineral del Monte.
“En una cultura democrática como la que se promueve desde el IEEH y desde todas las instituciones electorales, es importante que la toma de decisiones y la formación ciudadana impulsen una participación activa en todos los espacios que se abren para decidir. En el caso de Hidalgo, sabemos que la toma de decisiones recae en los órganos de representación electos por voto popular, pero también existe la posibilidad de que la ciudadanía participe de manera directa”, señaló.
La titular del organismo electoral consideró que aún existen áreas de oportunidad para regular estos ejercicios, especialmente para que el posicionamiento ciudadano sea tomado en cuenta en asuntos que impactan directamente a las comunidades, así como a grupos de atención prioritaria, como personas con discapacidad, pueblos indígenas o integrantes de la diversidad sexogenérica, ya que varios de estos procesos han sido invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Ha sucedido en México que muchas consultas realizadas para garantizar derechos de estos grupos de atención prioritaria son invalidadas por la Corte, lo que nos indica que estos ejercicios deben fortalecerse para la toma de decisiones”, puntualizó.
Finalmente, resaltó la importancia de que la población se involucre en ejercicios directos de participación no constitucionales, como parte del fortalecimiento de la cultura cívica y la resolución de problemáticas específicas en las comunidades.
“En la medida en que la ciudadanía forma parte de la toma de decisiones para resolver un problema público, está haciendo incidencia, asumiéndose como agente de decisión y, por qué no, como agente de cambio; esto tiene que ver con el fortalecimiento de la ciudadanía en México”, concluyó.
