Ha trascendido en diversos medios la interfase de la inercia de la extorsión en Pachuca, acorde a los resabios de la administración municipal de Sergio Baños, que se inserta en los pronunciamientos del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Este organismo, mis únicos y queridos lectores, arquea -como lo hace la ONG del Índice de Paz México- las condiciones y prospectiva de la incidencia delictiva a nivel nacional que, para el caso de Hidalgo, detectó que municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca y Actopan engrosan un volumen delicado al respecto.
En este sentido, la apropiación crítica de la data dura, tanto como del Índice de Paz México como el Observatorio Nacional Ciudadano, permiten asumir que las condiciones estructurales que priman a nivel de inseguridad se han presentado en torno a décadas de desatención y carencia de protocolos en la materia que quedaron en desuso y se vieron rebasados por las nuevas prácticas de la delincuencia organizada que, en el caso de extorsión y derecho de piso, se han vuelto recurrentes en la metrópoli capital de Hidalgo.
Planeación y prospectiva de seguridad pública municipalista engrosa el escenario de una lucha que ha tenido que librar el actual ayuntamiento que preside Jorge Reyes en Pachuca y donde la pérdida consustancial de fuerza en materia de seguridad pública de la administración que le precedió, ha dejado resabios que, estructuralmente, hoy se erigen como los retos del segundo año de la gestión de Reyes Hernández.
Una revisión central de análisis en materia de seguridad la ocupa los nexos de delitos como huachicol y extorsión, donde se han ido pavimentando y vinculando diversos ilícitos en los cuales vale subrayar, la serie de vínculos y lapsos en los que se realizan y que denotan que, cuando un negocio ilícito es combatido por la seguridad pública, se suele migrar a otro inmediato, sin dejar de contemplar la variable de ilícitos que se perpetran con intensidad paralela.
Municipios como Tula y Cuautepec han marcado una tendencia exponencial de incidencia delictiva que amerita la revisión crítica de la seguridad pública, amén de la fuga de reos de penales que cualitativamente ponen focos de alerta.
Consideremos, mis únicos y queridos lectores, que la llave de la inseguridad y su atención pública presenta un causal estructural, donde por décadas se desatendió su crecimiento y, ello, dio paso a una problemática que creó una larga cadena de administración municipal en administración municipal, generando una erosión clara, al estilo de una bola de nieve que termina en avalancha.
En este trazo analítico, el primer abordaje de cuestionamientos de las autoridades de Hidalgo en materia de seguridad pública debe atacar las cuestiones estructurales como la corrupción y sus conductas que impregnaron cuerpos de funcionarios, así como los cuerpos policiacos y de investigación, aunado al desarrollo de los cuerpos de burócratas del Poder Judicial que se encuentran en franca recomposición.
Nada halagüeño es el escenario en el que la inseguridad se erige como una condición que amerita una recomposición estructural de la seguridad ciudadana en Hidalgo.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
