La diputada local, Mónica Reyes Martínez, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de proteger la presunción de inocencia en cualquier procedimiento administrativo que se siga contra docentes y personal de la educación.
La propuesta, emanada de la coordinadora del partido Nueva Alianza, puntualiza que un profesor o personal administrativo de una escuela debe ser tratado como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y esta determinación quede firme.
El proyecto toma como referencia casos recientes que se hicieron virales en redes sociales, como el de la maestra Tere en Querétaro y el del maestro Esteban en Baja California, los cuales —afirmó— reflejan un patrón de criminalización de la función docente, acusaciones sin pruebas contundentes y ausencia de protocolos que respalden al personal educativo.
Sobre el caso de Esteban, ocurrido en Mexicali, se recordó que se trata de un trabajador de la educación con más de 25 años de servicio que enfrenta una condena por omisión de cuidados tras la muerte de un alumno, quien sufrió una caída mientras jugaba futbol dentro del plantel escolar. En tanto, se mencionó que Tere fue detenida por supuestos malos tratos en un proceso que, de acuerdo con el planteamiento de la legisladora, estuvo marcado por irregularidades.
Reyes Martínez reconoció que el deceso de un estudiante es un hecho que no debe minimizarse; sin embargo, advirtió que el dolor no puede traducirse en “castigos ejemplares” sin un análisis justo, por lo que consideró indispensable contar con protocolos claros y específicos que delimiten responsabilidades en emergencias escolares.
En ese sentido, la enmienda busca incorporar el artículo 117 Bis a la Ley de Educación del Estado de Hidalgo, con el objetivo de garantizar que las actuaciones administrativas respeten el principio de presunción de inocencia y fortalecer el mandato constitucional de revalorizar al magisterio.
El artículo plantea la adición del 117 Bis y establece que “las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán respetar y garantizar el derecho a la presunción de inocencia de las maestras, los maestros y el personal administrativo en todas las actuaciones administrativas vinculadas con el ejercicio de su función, evitando cualquier trato, medida o comunicación que implique un juicio previo sobre su responsabilidad.”
La asambleísta enfatizó que el propósito no es eximir responsabilidades “reales”, sino reconocer que existen circunstancias comunes en el país donde un mentor que actúa conforme a su deber debe ser protegido y no perseguido.
