Trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) solicitaron al Congreso local la destitución y suspensión provisional de su presidenta, Ana Karen Parra Bonilla, al señalar presunto hostigamiento laboral y violaciones a sus derechos laborales.
La solicitud fue presentada mediante un escrito ante el Poder Legislativo el 6 de febrero del año en curso y, de acuerdo con fuentes legislativas, fue recibida en la Oficialía de Partes.
El documento está firmado por visitadores adjuntos A y B de las áreas Metropolitana y Territorial, así como por personal administrativo, quienes exponen una serie de hechos que, afirman, constituyen hostigamiento laboral y transgresiones a derechos humanos por parte de la ombudsperson hidalguense.
Señalan que las presuntas irregularidades han ocurrido desde el 29 de julio de 2022, fecha en que la actual titular asumió el cargo. En este periodo, aseguran, se han registrado despidos y renuncias presuntamente forzadas de personal con experiencia, cambios de adscripción, disminución de plazas y asignación de actividades que —afirman— no corresponden a sus funciones.
Entre los señalamientos, indican que se les ha solicitado acudir a manifestaciones, eventos públicos, marchas y actividades de carácter social o político, incluso en horarios nocturnos y fines de semana, sin pago de horas extra ni viáticos.
También denuncian que presuntamente se les obligó a participar en movilizaciones específicas bajo advertencias de posibles cambios de oficina o consecuencias laborales; que se les exigió abatir rezagos en plazos que consideran imposibles; y que existen retrasos en la firma de expedientes ya concluidos.
Asimismo, refieren presuntos “castigos” laborales, cancelación de vacaciones, sobrecarga de guardias en días inhábiles y uso de personal para traslados fuera del estado en actividades que, aseguran, no son propias del organismo.
En el escrito sostienen que estas prácticas han generado un clima de incertidumbre, rotación constante de personal y juicios laborales en contra de la institución.
Los quejosos solicitan al parlamento que se inicie una investigación en contra de Ana Karen Parra Bonilla y que, como medida provisional, se dicte su suspensión del cargo mientras se desarrollan las indagatorias.
Asimismo, piden que el Órgano Interno de Control del organismo investigue los despidos, renuncias y cambios de plaza registrados desde julio de 2022 hasta enero de 2026, y que se entreviste al personal actual para corroborar los hechos denunciados.
También solicitan que se inicie una queja de oficio, que se remita copia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que se cite a comparecer a la titular de la CDHEH ante la asamblea para que informe sobre los señalamientos.
Los firmantes argumentan que el Poder Legislativo tiene la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que piden su intervención.
