La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo es una institución que debe sostenerse, ante todo, en la confianza pública. Su legitimidad no proviene de quien la encabeza, sino de la autoridad moral con la que actúa frente a posibles abusos de poder. Cuando la persona titular se ve envuelta de manera reiterada en polémicas, confrontaciones públicas y exigencias de renuncia, el problema deja de ser individual y se convierte en un asunto de desgaste institucional.
Desde su designación en el verano de 2022, la presidencia de la Comisión ha transitado por una serie constante de episodios controvertidos: comparecencias tensas, reclamos de colectivos, cuestionamientos de organizaciones civiles, inconformidades internas y protestas públicas que han escalado hasta demandas de destitución. La frecuencia de estos conflictos no puede entenderse como hechos aislados, sino como señales de una gestión que ha sido incapaz de construir consensos y confianza social.
En un organismo de derechos humanos, la forma sí es fondo. No basta con emitir recomendaciones o presentar informes anuales; la conducción institucional exige madurez, prudencia y, sobre todo, credibilidad. Cada confrontación innecesaria, cada polémica mal gestionada y cada duda sobre la capacidad de dirección impactan directamente en la percepción pública del organismo.
La propia titular ha llegado a reconocer públicamente que la Comisión enfrenta cuestionamientos en materia de credibilidad. Esa admisión confirma una realidad evidente: la institución ha permanecido bajo escrutinio constante, tanto por activistas como por trabajadores y organizaciones que han señalado inconformidades sobre su funcionamiento y la atención a casos sensibles.
La defensa de los derechos humanos exige una conducción que privilegie a las víctimas por encima de la exposición personal o del conflicto público. Cuando la discusión se centra de manera reiterada en la actuación de quien encabeza el organismo, el foco institucional se mueve peligrosamente: el debate deja de ser sobre la protección de los derechos y pasa a ser sobre la gestión de la titularidad.
Con este cúmulo de cuestionamientos sostenidos a lo largo del tiempo, es válido exigir una reflexión profunda sobre la conducción del organismo. Esta situación ha erosionado la autoridad moral de la institución y, como consecuencia inevitable, ha reducido su capacidad de interlocución frente a la sociedad.
Un organismo de derechos humanos no puede permitirse operar en medio de la confrontación permanente ni bajo una percepción constante de desgaste. La discusión de fondo, por tanto, no es personalista, sino institucional. Cuando la conducción de un organismo garante se convierte en el centro permanente de la polémica, el daño principal no es político, sino social, porque se debilita el espacio al que las personas recurren cuando consideran vulnerados sus derechos.
En materia de derechos humanos, la legitimidad no se sostiene en el cargo, sino en la confianza. Su fortaleza radica en la serenidad de su actuación y en la consistencia de sus resoluciones; sin estos elementos, la defensa de los derechos se debilita, no por falta de atribuciones, sino por la pérdida de credibilidad en su conducción.
