La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 720 millones de pesos en el ejercicio del gasto federalizado del Gobierno de Hidalgo correspondiente a la Cuenta Pública 2024.
Lo anterior fue dado a conocer durante la Tercera Entrega de los Informes Individuales y del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior, presentada ante la Cámara de Diputados, donde se detallaron los resultados de la revisión.
De acuerdo con el informe, el monto observado al Ejecutivo estatal supera los 721 millones 883 mil pesos, principalmente por recursos del Ramo 28. Además, se reportaron 810 millones 384 mil pesos en observaciones relacionadas con 40 municipios, entre ellos Pachuca, Mineral de la Reforma, Huejutla, Ixmiquilpan, Tula de Allende y Tulancingo.
Durante 2024, Hidalgo recibió 20 mil 079 millones 320.5 mil pesos por participaciones federales, de los cuales la ASF auditó una muestra de 14 mil 277 millones 978.9 mil pesos, equivalente al 71.1 por ciento.
De las auditorías se generaron 41 resultados: en 11 no hubo irregularidades y 15 fueron solventados antes de la emisión del informe. Los restantes derivaron en recomendaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 10 solicitudes de aclaración, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.
Entre las solicitudes de aclaración destacan: 372 millones 461 mil 060.15 pesos por haber realizado pagos a trabajadores sin licencia médica, de las cuales no proporcionaron el método de cálculo ni la autorización o fundamento legal para su pago con recursos de las participaciones federales. Tampoco proporcionaron la totalidad de pólizas, estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencia electrónica, cheques, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y dispersiones de nómina.
Otros por 68 millones 315 mil 846.94 pesos para que la Secretaría de Salud remita la comprobación de pagos hacia trabajadores; uno más en esa dependencia por 34 millones 223 mil 131.75 pesos por remuneraciones que excedieron los importes contratados y tabuladores autorizados, y por 222 mil 576.15 pesos derivado de pagos a empleados después de su fecha de baja.
Señalamientos por 14 millones 569 mil 082.48 pesos debido a que no aportaron información de los registros contables de 11 ejecutores.
Igualmente, el Poder Judicial con observaciones por 83 millones 800 mil 882.58 pesos por omisiones en documentación justificativa y comprobatoria de salarios a colaboradores; para el Congreso de Hidalgo, dos solicitudes de aclaración, una por 18 millones 601 mil 033.60 pesos y otra por 2 millones 346 mil 015.91 pesos por motivos similares.
También a la Auditoría Superior del Estado (ASEH) por 13 millones 667 mil 478 pesos por haber realizado pagos a trabajadores sin proporcionar el método de cálculo ni la autorización legal, así como 57 mil 564.06 pesos por otorgar salarios a colaboradores después de su fecha de baja.
Además, la ASF presumió un probable daño o perjuicio a la hacienda pública por 100 millones 383 mil 918.97 pesos, más los rendimientos generados, por irregularidades en diversos contratos celebrados por la Oficialía Mayor y el Sistema DIF Hidalgo, de los cuales no presentaron documentación justificativa de la adquisición de seguros catastróficos, evidencia de ayudas económicas y la entrega de unidades vehiculares.
De igual manera, se generó pliego de observaciones por 13 millones 234 mil 549.74 pesos debido a que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no aportó el expediente relacionado con el programa productivo para la mujer rural, así como documentación de visitas de campo.
Finalmente, hubo dos promociones de responsabilidad administrativa para que el Órgano Interno de Control investigue presuntas irregularidades en información contractual de la Universidad Politécnica de Tulancingo y la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán.
Y otra más por un contrato del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), con número IEEH-DEA-055-2024, para la adquisición de unidades vehiculares con un proveedor inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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