Varios días después de ocurridos los hechos, el gobierno municipal de Tizayuca informó que dos elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron requeridos dentro de un procedimiento relacionado con la probable comisión de conductas constitutivas de delito, hechos que actualmente son investigados por las autoridades competentes en materia de procuración de justicia.
A través de un comunicado oficial, la administración municipal señaló que mantiene una colaboración plena y transparente con las instancias encargadas de las investigaciones, con el propósito de que el proceso se desarrolle de manera exhaustiva y conforme a derecho.
De acuerdo con la información preliminar, el Ministerio Público señaló a Jorge Alberto “N” y José Antonio “N” como probables responsables del delito de robo calificado.
Se trata un vehículo Audi A1 que se encontraba estacionado en el Parque Industrial de Tizayuca y que presuntamente fue robado por los ahora imputados.
El equipo de abogados de los agentes solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para que se determine su situación jurídica y con ello se dará continuación a la audiencia inicial el 19 de junio a las 10:00 de la mañana. Los oficiales se encuentran en libertad con algunas restricciones.
Policías fueron imputados por robo calificado
Como parte de las determinaciones emitidas por la autoridad judicial competente, se impusieron medidas cautelares a los dos elementos involucrados.
Entre ellas destaca la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, medida que permanecerá vigente mientras se desarrolla el proceso legal respectivo.
El gobierno municipal precisó que esta decisión responde al cumplimiento de las disposiciones legales establecidas por la autoridad competente.
Reafirman compromiso con la legalidad
La administración municipal refrendó su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y el combate a cualquier conducta contraria al servicio público.
En ese sentido, aseguró que actuará con firmeza y sin tolerancia ante posibles actos indebidos, garantizando al mismo tiempo el respeto al debido proceso y a los derechos que correspondan a las personas involucradas.
