El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos será considerado forzado y podrá castigarse con penas de prisión de hasta 25 años, de acuerdo con una reforma a la Ley General en Materia de Trata de Personas, cuyos alcances fueron explicados por la diputada federal, Alma Lidia de la Vega, desde la Cámara de Diputados.
La legisladora señaló que la modificación busca tipificar el reclutamiento como un delito autónomo, de manera que las autoridades puedan sancionar a quienes incorporen personas a organizaciones criminales sin necesidad de esperar a que las víctimas participen en otros hechos ilícitos.
“Hasta hoy, para castigar a quien reclutaba a un joven había que esperar a que cometiera otro delito para recibir castigo. La justicia llegaba tarde. Con esta reforma, el sólo hecho de reclutar ya será sancionado”, expresó.
La propuesta establece penas de 10 a 20 años de prisión y multas de entre 5 mil y 50 mil días para quienes, por cualquier medio, inviten, induzcan, incorporen o recluten personas con el propósito de integrarlas a un grupo delictivo o a la delincuencia organizada.
Las sanciones aumentarían cuando se utilicen amenazas, intimidación, violencia, coacción o abuso de poder, aunque la información proporcionada no precisa el incremento aplicable en cada supuesto.
Reclutamiento de menores será considerado forzado
Uno de los principales cambios consiste en establecer que el reclutamiento de cualquier persona menor de 18 años se considere forzado, independientemente de las circunstancias en las que haya ocurrido.
“Un niño no elige ser parte del crimen; lo engañan, lo amenazan o se aprovechan de su vulnerabilidad. La ley debe protegerlos siempre”, sostuvo Alma de la Vega.
La reforma también contempla que el Ministerio Público notifique de inmediato a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando identifique víctimas de reclutamiento, con el propósito de activar medidas de atención especializada y facilitar su recuperación y reintegración familiar y comunitaria.
Redes sociales y videojuegos, entre los medios de captación
La iniciativa incluye expresamente el reclutamiento realizado mediante herramientas digitales, debido a que estos espacios también pueden ser utilizados para contactar y captar víctimas.
Según estimaciones de organizaciones civiles citadas en la información presentada por la legisladora, más de 30 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por grupos criminales en México, mientras que hasta 250 mil podrían encontrarse en riesgo.
Estas cifras corresponden a estimaciones de organizaciones de la sociedad civil y no a un registro oficial de casos acreditados judicialmente.
El dictamen contempla, además, la posibilidad de reducir hasta en una tercera parte la pena de quienes proporcionen información corroborada que permita identificar a otros responsables del reclutamiento.
Finalmente, Alma Lidia de la Vega explicó que, una vez completado el proceso legislativo y aprobada la reforma por el Senado, se establecería un plazo de 180 días para que los congresos estatales armonicen sus disposiciones con la legislación general.
La modificación busca ampliar las herramientas legales para perseguir el reclutamiento criminal y establecer mecanismos de protección específicos para menores de edad, uno de los sectores expuestos a estas prácticas.
